Sin ellas jamás podrán acometerse las obras de mejora de buena parte de las casas del barrio, algunas de las cuales tienen más de 50 años de antigüedad. Al igual que la mayor parte de las personas que el 16 de mayo llenaron el Salón de Plenos del Centro Cívico José Saramago de Leganés, sus habitantes son en su mayoría personas mayores de rentas modestas. Por ello, las asociaciones vecinales de Barrio Centro y San Nicasio, organizadoras del acto, acaban de emitir un comunicado en el reclaman, tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento, más ayudas para rehabilitar el caserío de sus zonas.
En el encuentro del lunes, el responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, Vicente Pérez Quintana, informó con detalle sobre el Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2013-2016, que prevé un fondo para ayudas a la rehabilitación de viviendas, la instalación de ascensores y para obras que supongan ahorro energético. La convocatoria de estas ayudas acaba de ser publicada y puede verse en el siguiente enlace.
Los hogares que deseen optar a las ayudas tendrán serias dificultades para recabar la documentación necesaria y acometer las obras, ya que estas deben estar concluidas en marzo de 2017. “Cuando salga la convocatoria ya va a ser muy tarde para aquellas comunidades que hicieron obra en los años 2013 y 2014. Y los que estaban esperando esta convocatoria pueden tener problemas para realizar la obra en plazo”, indican las dos asociaciones de Leganés en la citada nota. La FRAVM ha demandado a la Comunidad de Madrid la ampliación del periodo de presentación de una subvención que exige numerosos y pesados trámites.
Algunos de los asistentes al acto mostraron “desesperanza ante la falta de cumplimiento de los compromisos políticos de la Comunidad de Madrid en las políticas de rehabilitación de vivienda, que son las que permiten que las personas mayores y con movilidad reducida puedan mantenerse en sus barrios con calidad de vida”, indican las entidades vecinales, antes de recordar que el Gobierno regional aún debe 10 millones de euros a unas 20.000 familias de la región relativos a planes de vivienda anteriores a 2012.
Los vecinos también se quejaron de que el Ayuntamiento de Leganés no solo no saca convocatoria de ayudas en materia de rehabilitación desde 2010 sino que ni siquiera ha abonado las de ese año y tiene pendiente de pagar algunas de 2009.
“Las asociaciones de vecinos vamos a seguir dando la batalla para que se atiendan unas necesidades que, con un bajo coste para los presupuestos públicos, suponen un gran beneficio para nuestros vecinos, además de ahorro en residencias y servicios especializados, además de servir para recuperar en parte el mercado laboral de la construcción mediante las políticas de rehabilitación de edificios”, aseguran.
En este marco, exigen al Consistorio de Leganés no solo el pago inmediato de las ayudas de 2009 y 2010 que adeuda, sino que acelere las licencias de las obras susceptibles de ser subvencionadas por la Comunidad de Madrid para que puedan entrar en plazo. Además, le instan a aprobar “unas bases para ayudas específicas a la instalación de ascensores, rampas y rehabilitación” que se hayan realizado entre los años 2011 y 2015.
“Igualmente demandamos que se incorpore en los presupuestos municipales para el año 2016 y siguientes partidas que garanticen las convocatorias anuales dirigidas a la rehabilitación, instalación de ascensores y supresión de barreras. Las viviendas cada vez tienen más necesidades de rehabilitación, nuestros mayores tienen cada vez más dificultades. Si queremos mantenerlos en la familia hay que abordar estas políticas de forma urgente”, indican en su comunicado las dos asociaciones vecinales, que también solicitan “una nueva línea de subvenciones destinada a la supresión de barreras en el interior de las viviendas dirigida a personas mayores y con movilidad reducida”.
Por último, las AAVV recuerdan que el año pasado se reunieron “con el gobierno municipal para cambiar la tasa de ocupación de vía pública para la instalación de ascensores, consiguiendo una tarifa plana para todos los edificios, asequible para las condiciones económicas de las personas que ocupan estos edificios. Hasta ese momento había un descontrol de precios (tasas) que alcanzaban, en algunos casos, hasta los 2.000 € anuales”.
