Así lo denuncian hoy las organizaciones que aparecen al final de esta nota, que insisten en que actualmente España se encuentra en una crisis del derecho a la vivienda que está afectando a cientos de miles de personas.
España estrena así, paradójicamente, membresía en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-20, ignorando su obligación de responder de manera adecuada al Comité sobre cómo iba a otorgar a las víctimas una compensación económica por las violaciones sufridas, además de cómo iba a reembolsarles los costes legales razonablemente incurridos en la tramitación de esta comunicación.
Con respecto al caso del dictamen del Comité, la única respuesta que ha dado el Estado español ha sido la de informar acerca de que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para que los afectados puedan presentarse a los procedimientos abiertos para la adjudicación de vivienda pública protegida. Sin embargo, la familia afectada, que tras el desalojo se vio obligada a vivir en un coche durante unos diez días, por falta de recursos y que actualmente habita ya en una vivienda adjudicada por el Ayuntamiento de Madrid, asegura que ninguna autoridad del Estado se ha puesto en contacto con ellos, ni siquiera para mostrar una disculpa. Para las organizaciones firmantes la respuesta del Estado español al dictamen de Naciones Unidas es insuficiente, como también es alarmante el hecho de que no incluya en el escrito enviado al Comité cómo va a establecer garantías de no repetición y cómo va a prevenir violaciones de este tipo en el futuro. Además, España desoye completamente las recomendaciones del Comité en materia de vivienda y tampoco ofrece una sola medida concreta para cumplir el dictamen, sino que simplemente remite a documentos pasados ya presentados ante el Comité y previos en cualquier caso al dictamen.
Las entidades sociales, que muestran una vez más su preocupación por la falta de cumplimiento del Estado español de sus obligaciones con respecto al derecho a la vivienda, exigen:
- Un incremento presupuestario orientado a aumentar el parque de viviendas sociales de alquiler con el fin de garantizar el acceso y el realojo de personas sin recursos. Este incremento debe revertir el hecho de que durante la crisis económica y cuando cientos de miles de personas han perdido sus viviendas, el Gobierno ha reducido desde 2009 el presupuesto de vivienda en un 70%.
- Reformas de las leyes procesales, incluida la Ley de Enjuiciamiento Civil, para incrementar garantías de protección del derecho a la vivienda incluyendo el juicio de proporcionalidad que obligue a los jueces a evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad de los desahucios de viviendas que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya exige.
- La adopción de protocolos que mejoren la coordinación entre juzgados y servicios sociales orientados a garantizar a las personas sin recursos un alojamiento adecuado alternativo.
- La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar los derechos de las personas arrendatarias y proteger su seguridad a la tenencia de la vivienda.
Recordemos que España tenía que presentar, en el plazo de seis meses desde que el Comité DESC emitió su dictamen en julio de 2017, una respuesta por escrito que incluyera información sobre las medidas tomadas tras el dictamen y las recomendaciones del Comité.
Las organizaciones firmantes de este comunicado, Amnistía Internacional, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), FEANTSA – Cáritas, Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Observatori DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Sindicato de Inquilinos, han conformado un grupo de monitoreo de la sociedad civil, orientado al cumplimiento por parte del Estado del dictamen.
