Una de las reclamaciones fundamentales de la Plataforma Hábitat24, que integra a unos 40 colectivos de la Comunidad de Madrid que impulsaron la gran marcha del 13 de octubre, es precisamente el rechazo de la ejecución de cualquier desalojo de familias sin alternativa habitacional.
En el encuentro, la delegación de la plataforma estuvo formada por Raquel Sacristán y Felipe Jara (PAH Leganés), Mariano Pérez (Ecologistas en Acción) y Jorge Nacarino (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid), mientras que por parte del Grupo Parlamento Socialista acudieron a la cita Ignaci Conesa (portavoz de la Comisión de Vivienda), Javier Rodríguez (portavoz de Agenda Urbana), Paula Fernández (portavoz adjunta de la Comisión de Vivienda, Daniel Senderos (portavoz de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia Española ODS) y María Luisa García (vocal de esa comisión).
Las y los representantes políticos estuvieron de acuerdo en prorrogar las medidas sobre vivienda incluidas en el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre que caducan al término de este año. Entre ellas, la moratoria de desahucios por impago del alquiler. Esas medidas ya no estarían vinculadas a los efectos de la Covid-19 y de la Guerra de Ucrania, como indicaba el decreto vigente, sino a la actual emergencia de vivienda y al reconocimiento del insuficiente parque de vivienda pública que existe en España, que no alcanza el 2,5% del parque total, frente al 9,3% de la media de la Unión Europea. Los delegados de la plataforma también defendieron incorporar al nuevo real decreto-ley medidas económicas para que el Estado financie los impagos de todas aquellas familias y personas económicamente vulnerables acogidas a la paralización de desahucios cuya vivienda sea propiedad de un pequeño tenedor, con menos de tres inmuebles de su propiedad.
Recordemos que el pasado 27 de noviembre Hábitat24 registró en el Congreso de los Diputados un escrito (que puedes ver aquí) en el que, además de solicitar una reunión a todos los grupos parlamentarios, defendía la prórroga y ampliación de las medidas del escudo social. La reunión del martes es fruto de ese escrito, un documento en el que los colectivos sociales también defienden la necesidad de modificar la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda debido a su limitadísimo alcance y resultados, y muestran su preocupación por el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dado que elimina muchas de las garantías de actuación de la sociedad civil y ahonda en la caduca consideración del suelo como un recurso económico. El documento también reclama una solución urgente al grave problema del corte de suministro energético en Cañada Real, que desde hace más de cuatro años mantiene a miles de familias sin ese servicio básico, así como una respuesta acorde a su gravedad a los afectados por los derribos y otros daños causados por la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares.
El encuentro con el PSOE llega después de la reunión que, con el mismo motivo, la Plataforma Hábitat 24 mantuvo el 11 de diciembre en el Congreso con representantes del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, del BNG y Podemos, que se comprometieron a hacer todo lo posible para lograr la prórroga de las medidas del escudo social que finalizan el próximo 31 de diciembre.
Un día antes, el 10 de diciembre, la plataforma organizó una concentración ante la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, un acto que aprovechó para registrar un documento de demandas dirigidas a cinco altos cargos de la Comunidad de Madrid: el director gerente de la AVS, la directora general de Vivienda y Rehabilitación, el viceconsejero y el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entre las medidas se encuentran la ampliación el parque de viviendas públicas y sociales en la región y el fin de los desalojos de hogares que residen en inmuebles de la AVS y carecen de otra alternativa de vivienda.
Detrás de la petición a los grupos del Congreso se encuentran las siguientes organizaciones: Asociación Apoyo, Plataforma de Afectados/as por la L7B de Metro en San Fernando de Henares, No al Pelotazo en la Ermita del Santo, AV Pasillo Verde-Imperial, Otra Boadilla, PAH Leganés, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, Greenpeace, Amigas de la Tierra, Marea Naranja Madrid, Casa de la Cultura y la Participación de Chamberí, Club de Debates Urbanos, Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad, Fridays For Future, Mesa del Árbol de Carabanchel, Ideas en Guerra, Recortes Cero, AV Zarzaquemada de Leganés, Plataforma por el Derecho a la Ciudad, MATS, Salvemos Montegancedo de Pozuelo. Plataforma por el derecho a la vivienda en Madrid: Amnistía Internacional Madrid, ATTAC Madrid, CAES, CCOO de Madrid, Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda-Rivas, Cuarto Mundo, Foro Servicios Sociales, FRAVM, Fundación San Martín de Porres, Plataforma cívica por el derecho a la luz en Cañada Real, UGT Madrid y FACUA.
