El objetivo, en definitiva y a tenor de la plataforma, “es reducir o hacer desaparecer las emisiones de microondas provenientes de las antenas WIFI que se instalan tanto en el exterior (calles, fachadas, farolas, semáforos, etc.), como dentro de las viviendas con los routers inalámbricos con el consiguiente y significativo descenso de la contaminación electromagnética que afecta incluso a los pisos y edificios cercanos”.
En la asamblea, la neonata red estatal acordó impulsar diferentes actividades de cara a la celebración del Día Mundial contra la Contaminación Electromagnética, el próximo 24 de junio, como la presentación de un manifiesto unitario en Madrid y otras acciones en las comunidades autónomas. Además, al analizar la situación actual, valoró el impacto negativo que tiene el aumento descontrolado de infraestructuras de telecomunicaciones (antenas estaciones base, radioenlaces, picoantenas, WIFI, WIMAX etc.,) e infraestructuras eléctricas (líneas de alta tensión, subestaciones y transformadores), lo que en la práctica supone un aumento significativo de la contaminación electromagnética. Este aumento de la exposición a campos electromagnéticos en nuestro país se produce “sin que la normativa estatal, hecha en función de los intereses de las operadoras de telefonía móvil y las empresa eléctricas, haya dado una solución definitiva”, se queja la PECCE.
Por otro lado, la plataforma entiende como un paso adelante la aprobación, el pasado 2 de abril, por parte del pleno del Parlamento Europeo, de la resolución “Campos electromagnéticos: consideraciones sanitarias” (Informe Ries) por una amplísima mayoría de 559 eurodiputados a favor, 22 en contra y 8 abstenciones. Este acuerdo pide que”se preste especial atención a los efectos biológicos cuando se evalúe el posible impacto sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas, especialmente si se tiene en cuenta que algunos estudios han detectado que radiaciones de muy baja intensidad ya tienen efectos muy nocivos”. El informe emplaza a los países europeos, entre ellos el Estado español, a revisar las leyes que tienen que ver con las emisiones de campos electromagnéticos de infraestructuras de telecomunicaciones y eléctricas (Ley General de Telecomunicaciones, el Real Decreto 1066/2001 sobre dominio público radioeléctrico y Ley 54/1997 del Sector Eléctrico), de acuerdo a los criterios de prevención, precaución y principio ALATA “la mínima emisión técnicamente posible”. La resolución Ries pide también a los estados miembros de la Unión Europea que sigan el ejemplo de Suecia y reconozcan como una discapacidad la hipersensibilidad eléctrica o electrosensibilidad (EHS), con el fin de garantizar una protección adecuada y la igualdad de oportunidades a las personas que la sufren.
Varias resoluciones de conferencias internacionales de investigadores y científicos independientes sobre campos electromagnéticos como las de Salzburgo (2000), Catania (2002), Benevento (2006) Venecia (2007), Londres (2007) y París (2008) reclaman la necesidad de disminuir drásticamente los valores límites de exposición ciudadana a campos electromagnéticos, como así lo han hecho ocho países europeos (entre ellos Italia, Luxemburgo, Bélgica, Suiza y Polonia).
Siguiendo las indicaciones del Parlamento Europeo, la PECCE entiende como uno de sus quehaceres más importantes la información y concienciación de los adolescentes y de la población en general en relación al uso y abuso de los aparatos inalámbricos que la industria de las telecomunicaciones está sacando al mercado con agresivas campañas publicitarias. “Entendemos que una buena información tendrá como consecuencia una mejor protección de la salud, sobre todo en un momento en que los niños más pequeños son vistos por las operadoras como nuevos clientes, algo que suscita un rechazo a nivel gubernamental en cada vez más países de la UE”, apostilla la Plataforma en un comunicado.
En la reunión que tuvo lugar en Madrid tomaron parte organizaciones vecinales, colectivos de afectados y ecologistas de Galicia, Euskadi, Navarra, Comunidad de Madrid, Aragón, Castilla-León, Región de Murcia y Cataluña, que contaron con el apoyo de asociaciones vecinales de Andalucía y de afectados y afectadas de la Comunidad Valenciana.
