Varias compañías de telefonía móvil solicitaron hace unos días al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordene la suspensión del acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Madrid sobre instalación de antenas y limites de inmisión y control en un intento de paralizar una ordenanza elaborada de forma participada por el consistorio de la localidad. La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética se ha puesto a disposición del equipo de Gobierno para defender una ordenanza que, en palabras de sus portavoces, “asegura la cobertura y el acceso a la telefonía móvil cumpliendo los criterios de control de emisiones de las estaciones base de telefonía móvil y la prevención ante los peligros de la contaminación electromagnética”.
La plataforma reconoce la ejemplar labor llevada a cabo por el equipo de Gobierno de Leganés que, “frente al desarrollo caótico de infraestructuras de telefonía móvil y el aumento exponencial de emisiones radioeléctricas (…) ha marcado un punto de inflexión convirtiéndose en pionero a la hora de dar respuesta a una situación que crea cada vez más desasosiego y malestar entre los ciudadanos, y lo ha hecho creando un instrumento normativo como es la ordenanza sobre telefonía móvil e infraestructuras de telecomunicación, que las operadoras, temiendo por sus intereses, intentan eliminar para evitar perder el control sobre el despliegue de estas infraestructuras de telecomunicaciones, como vienen siendo, salvo pocas excepciones, la regla”.
A juicio de la plataforma, el “fracaso de la normativa estatal para resolver el problema del impacto social y ambiental de las redes de telefonía móvil” evidencia la necesidad de acometer una reforma legislativa “en profundidad” que garantice el cumplimineto de los niveles preventivos establecidos por las recomendaciones de conferencias internacionales de investigadores sobre la contaminación electromagnética y científicos independientes.
