Representantes de las asociaciones vecinales del distrito de Latina y de los barrios de Carabanchel Alto y Parque Eugenia de Montijo (Carabanchel) se concentraron ayer ante la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para denunciar públicamente “el engaño que supone el anuncio de no construir el prometido hospital en los terrenos de la cárcel de Carabanchel”.
A juicio de los representantes vecinales, la promesa de garantizar el uso civil del hospital Gómez Ulla “es la misma que se lleva anunciando desde 2004”, por lo que “en ningún caso está justificado el incumplimiento de la promesa electoral [de construir un hospital en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel]”.
Tras esta promesa, recuerdan, incluida en el programa electoral con el que el PP ganó las elecciones autonómicas en 2007, las administraciones competentes (Gobierno Central, Consejería de Sanidad y Ayuntamiento de Madrid) llevaron a cabo algunos de los trámites necesarios para construir el centro hospitalario, como la modificación del Plan General de Urbanismo, la elaboración y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental… “diseñando un hospital para atender a una población de más de 250.000 habitantes que las asociaciones vecinales siempre consideramos insuficiente”.
“De manera sorprendente”, el pasado mes de junio la ministra de Defensa y la Presidenta de la Comunidad anunciaron la firma de “un supuesto nuevo convenio” para atender a 110.000 vecinos y vecinas del entorno. “Es decir -entienden- lo mismo que lleva varios años firmado y sin cumplirse”. “¿Cómo nos vamos a creer que van a cumplir lo que llevan 6 años incumpliendo? ¿Piensa Aguirre que somos tan tontos como para conformarnos con un hospital para 110.000 habitantes cuando nos habían prometido uno para 250.000?”, se preguntan.
Los representantes vecinales, que portaban caretas de Esperanza Aguirre caracterizada como “La Pinocheta” por “privatizar la sanidad y engañar a los ciudadanos”, registraron una carta solicitando una reunión con la presidenta regional y anunciaron que, de no cumplir el Ejecutivo el compromiso de construir un nuevo hospital en los terrenos del penal volverán a salir a la calle.