Comunidad de Madrid: la suma de todos…los problemas
En el año 2007, en pleno proceso electoral, Esperanza Aguirre inauguró la prolongación de la línea 7 del Metro de Madrid, a la que denominaron 7B, que iba de la estación Las Musas al Hospital del Henares, atravesando San Fernando de Henares. Durante la ejecución de las obras ya hubo polémicas por aspectos técnicos y geológicos del proyecto y de su ejecución. A pesar de las opiniones técnicas en contra, la obra no solo siguió, sino que además, según consta en sentencia, se modificó prolongándose por motivos políticos hasta el citado centro sanitario. No habían pasado dos años, cuando aparecen daños en los edificios próximos a los túneles del metro. Como consecuencia, el servicio estuvo interrumpido varios meses. Al reiterarse las incidencias, las suspensiones de servicio se repitieron. Ante la gravedad de los desperfectos en los edificios afectados, se producen los primeros desalojos, tras sus declaraciones de ruina.
La Comunidad de Madrid, que había proyectado las obras, contratando a Dragados para las mismas, resolvió demandar por más de 15 millones euros a la contratista por vicios en la realización de las obras. La demandada, recurrió vía contencioso administrativa a los tribunales. Como la Comunidad no presentó partes relevantes del expediente y sus informes periciales o razonamientos jurídicos fueron desvirtuados por la recurrente, perdió el contencioso y fue condenada a costas. La sentencia 34/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala contencioso administrativa, de 9 de enero de 2019, considera que la administración madrileña es responsable de los defectos del proyecto y de las gravísimas deficiencias de uno de los pozos. Además, deja acreditado que los gravísimos riesgos eran conocidos desde el 2011.
¿Que hizo la Comunidad para remediar los daños existentes o potenciales? Que se sepa, nada eficaz: La situación empeoró. Peor aún, no se preocuparon de paliar la situación de los desalojados mediante medidas dignas o eficaces. No tuvieron la previsión de que los devastadores efectos de su mala gestión se incrementarían como se desprendía de los informes: Si no se lograba controlar los daños provocados por la ineficiencia del pozo causante de las alteraciones en el subsuelo, los perjuicios alcanzarían mayor extensión y gravedad.
Lamentablemente, lo previsible sucedió y en la actualidad hay más de 600 viviendas afectadas. La Comunidad reconoció, mediante orden del Consejero de Transportes publicada en su Boletín Oficial de 7 de marzo de 2022 responsabilidad patrimonial por lo sucedido. Sin embargo, esta orden tiene su letra pequeña. El listado de edificios afectados que publican no incluye a todos los conocidos en la fecha que se publicó, ni lógicamente a los que después aparecieron. De la orden y su contenido se deduce un intento de reducir o retrasar todo lo posible las indemnizaciones, ya sea reconociendo solo parte de los afectados, ya sea tratando de minorar los daños. Ya han empezado a ofrecer cantidades muy por debajo de su valor real a algunos de los muchos que han perdido viviendas con todos sus enseres, o que están sujetos a hipotecas.
Isabel Díaz Ayuso, en esta ocasión, no es la causante del desastre. Cuando se originó estaba muy atareada llevando las páginas web de “Pecas”, el perro de la Sra. Aguirre, la que además de responsable de la catástrofe, se atreve a afirmar en una alucinante declaración que el trazado de la línea se debía a las presiones de la entonces alcaldesa de San Fernando de Henares. No nos considere tan ingenuos como para hacernos creer que la Comunidad no es responsable de la ejecución de sus propios proyectos. Además, la Sra. Ayuso es responsable de dar una solución digna a estos problemas, ¿los va resolver acusando a los damnificados de politizar el conflicto? Es hora de que la Comunidad indemnice con justeza y equidad a todos los perjudicados.
Los vecinos de San Fernando de Henares tienen razón. Apoyemos sus movilizaciones hasta que alcancen una solución justa a sus demandas.
Madrid, a 16 de febrero de 2023
