Bankia, propietaria del inmueble que ellas ocupaban por no poder acceder a una vivienda pública, después de rechazar una y otra vez su petición de permanecer en el hogar a cambio de un alquiler social, ha logrado por fin su objetivo. No era difícil. Tenía a su favor a la Administración, a los tribunales… y a las leyes actuales.
En el mismo momento en que Fátima y sus hijas eran expulsadas de su vivienda sin otra alternativa que la calle, representantes de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogados (ALA) registraban en la Asamblea de Madrid una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, entre otras cosas, persigue poner fin precisamente a este tipo de hechos que vulneran los propios derechos humanos. No en vano, en la región se producen en torno a 20 desahucios diarios. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el tercer trimestre de 2016 se ejecutaron 1.333 lanzamientos, un 3,3% respecto al mismo trimestre del año anterior.
Ante esta terrible realidad, que el Gobierno regional parece empeñado en no ver, las tres organizaciones citadas se pusieron a trabajar hace meses para lanzar una ILP con objeto de que se apruebe una Ley Urgente del Derecho a la Vivienda Digna en la Comunidad de Madrid que no solo impida los desalojos forzosos de familias sino también los cortes de suministros energéticos y ciertos usos antisociales de las viviendas. Fruto de este empeño, esta mañana han depositado la propuesta legislativa en el parlamento regional. No estaban solos. Un centenar de personas, miembros de diversas Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de grupos de vivienda del 15M, de asociaciones vecinales y de otros colectivos como la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA les han acompañado hasta la puerta de la Asamblea con una pancarta con un lema que lo decía todo: “¡Ya era hora! Una ley popular de vivienda para Madrid”. Durante dos horas, los manifestantes no han cesado de gritar consignas contra los desahucios y en favor de una iniciativa legislativa que, de manera oficial, ha arrancado esta misma mañana.
La abogada de la PAH y de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Alejandra Jacinto, el presidente de la FRAVM, Enrique Villalobos, y el presidente de la ALA, Alejandro Gámez, en nombre de las tres organizaciones promotoras de la ILP, han sido los encargados de registrar su texto en la Asamblea de Madrid. A continuación, han acudido a la tribuna del parlamento con objeto de seguir su pleno. Pero no han durado demasiado. El servicio de orden les ha expulsado después de que llamasen la atención del Consejero de Vivienda, Pedro Rollán, sobre el desalojo de Fátima y sus hijas. Tras una intervención altanera de Rollán, que respondía a la pregunta de si la región necesita una ley integral de vivienda realizada por el diputado de Podemos Marco Candela, los representantes ciudadanos ha preferido gritos como “No consentimos ni un desahucio más”, “Casas sin gente, gente sin casa”. Villalobos le recordó también que la Comunidad de Madrid es la responsable del drama que sufren desde hace cuatro años los afectados por la venta de viviendas del IVIMA.
Tras el registro del contenido de la ILP, en las próximas semanas la Mesa de la Asamblea deberá admitirla a trámite, tras lo cual se abrirá un plazo de tres meses en el que los colectivos promotores están obligados a recoger 50.000 firmas si quieren que la propuesta sea debatida en la cámara. Los manifestantes han dejado claro ante sus puestas que no solo van a conseguir esa cifra sino muchas más.
Para ello, se han rodeado ya de numerosas entidades de la sociedad civil, que de manera conjunta participarán de la campaña de recogida de adhesiones. Organizaciones como CCOO, CGT, la Unión de Actores, Ecologistas en Acción, la Cámara de Inquilinos o Psicólogos sin Fronteras.
Recordemos que la ILP, que antes de ser registrada en la Asamblea fue presentada ante esas y otras organizaciones y el pasado lunes a los medios de comunicación, tiene el objetivo de garantizar en nuestra Comunidad Autónoma el derecho de todas las familias a desarrollar su vida con el mínimo indispensable: una vivienda digna y unos suministros de agua y energía básicos.
Además, la propuesta prevé distintas medidas para facilitar el acceso a la vivienda pública y fomentar la función social de la vivienda, con dos objetivos: paralizar los desahucios y poner en circulación las cerca de 265.000 viviendas vacías existentes en la Comunidad de Madrid para destinarlas al alquiler social. Algunas de las medidas afectan a los grandes tenedores de vivienda, como los bancos o los fondos de inversión, para prevenir lo que el texto llama “uso antisocial de la vivienda”, que se concreta en cosas como mantener viviendas vacías durante seis meses sin otro fin que el de especular. La ILP establece sanciones económicas de hasta 600.000 euros y la “cesión forzosa del uso de la vivienda vacía, para su inclusión en el Parque de Vivienda durante el tiempo que dure la sanción”, ante este tipo de infracciones muy graves.
Además, la ley incluye un apartado para prevenir los cortes de suministros y utiliza al máximo las competencias autonómicas en consumo para frenar los abusos bancarios cometidos con las hipotecas. La norma prevé la creación de una Agencia de Protección al consumidor con capacidad de investigar y sancionar las conductas abusivas de los bancos tipificadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como otras prácticas abusivas relacionadas con el acceso a la vivienda. La ILP también establece otra novedad: la participación de entidades sociales con experiencia en materia de vivienda, como la FRAVM o la PAH en el organismo principal de gestión de la vivienda pública en la comunidad autónoma, la Agencia de Vivienda Social.
