“¿Qué pinta una empresa pública como el Canal de Isabel II pagando 105 millones de euros por la concesión de INALSA, una empresa pública que está en quiebra?”, se preguntan los miembros de la Plataforma contra la Privatización del CYII. Todo apunta, temen, a que “Ignacio González inicia una nueva aventura empresarial que vamos a pagar los ciudadanos: los de Madrid con mayores incrementos de tarifas y los de Lanzarote con la misma moneda”.
INALSA es una sociedad dependiente del Cabildo Insular de Lanzarote que gestiona el ciclo integral del agua en dicha isla y que, debido a una mala gestión de los sucesivos gobiernos insulares, se encuentra en concurso de acreedores, en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria con una deuda de 50 millones de euros. El juez ha embargado cautelarmente el patrimonio personal de los administradores de la sociedad, por si existieran hechos delictivos en su gestión.
El gobierno insular, apoyado en un pacto entre el PSOE y Coalición Canaria, decidió privatizar la gestión de INALSA, sacando a concurso la concesión de la sociedad para un periodo de 30 años para así matar dos pájaros de un tiro: por un lado, la empresa concesionaria se haría cargo de la deuda, y por otro, los administradores de la sociedad tendrían mas posibilidades de recuperar su patrimonio personal. El concurso se cerró sin que ninguna empresa presentara su candidatura.
Tras el fracaso, se convocó un procedimiento negociado al que se invitaron a tres empresas: Gestagua, Canaragua-Agbar y Canal de Isabel II Gestión SA. Según el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, la concesión se otorgó al Canal porque su oferta fue la más generosa en cuanto a inversiones a realizar en los primeros 5 años y la mas sólida económicamente, ya que el Canal financiará con fondos propios el 60 % de la inversión (63 millones de euros). Obtendrá los 42 millones restantes de los bancos. Según San Ginés, el Canal no podrá subir la tarifa del agua hasta el cuarto año de la concesión. A partir de 2016, la subida será del IPC mas el 1%, si bien existe una cláusula en el pliego de condiciones que permite subidas mayores en caso de que peligre el equilibrio financiero de la concesión. Se trata, sin duda, de una triquiñuela legal, toda vez que el equilibrio financiero es materia interpretable y manipulable y la experiencia nos dice que existen muchas probabilidades de que sea utilizada para aumentar los precios del servicio.
El próximo mes de junio el Cabildo pondrá esta propuesta a disposición del Juzgado de lo Mercantil para que el juez decida si es procedente.
La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II denuncia esta aventura empresarial de Canal Gestión SA porque destina recursos públicos para competir con empresas privadas por la gestión de otra sociedad pública, INALSA, subordinando el interés general de la ciudadanía madrileña al ánimo de lucro. Si la operación fracasa, como fracasó el intento de gestionar el ciclo del agua en Cáceres, los madrileños pagaremos cara la aventura.
Con esta actuación, Canal Gestión SA se compromete a invertir 105 millones de euros en 5 años, de los cuales 50 millones deben invertirse a corto plazo para pagar la deuda de INALSA, lo que reducirá ostensiblemente los activos necesarios para ejecutar las inversiones necesarias e incrementará la deuda con los bancos. Es más que probable, por tanto, que por extensión impongan nuevas subidas de las tarifas por encima del IPC.
La PCPCYII califica como burla el hecho de que, mientras el Canal justifica el proceso de privatización por falta de dinero para financiar unas infraestructuras cuya necesidad no ha sido aún justificada, se dilapiden 105 millones de euros en una actuación innecesaria y en un contexto de reducción de los costes de personal y entiende que el objetivo es avanzar en un proyecto multinacional que haga más atractiva la empresa para su completa venta a empresas privadas.
Por último y, en línea con la opacidad informativa a la que nos tiene acostumbrados, Canal Gestión SA no ha informado de la operación ni en la Asamblea de Madrid (por oposición de la Mesa de la Asamblea), ni a los accionistas de la sociedad, ni a los ciudadanos.
Foto: Lancelotdigital.
