Según los colectivos ciudadanos, estas personas, entre las que se encuentran la ex presidenta regional Esperanza Aguirre, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el ex ministro Eduardo Zaplana, podrían haber incurrido en hasta 13 delitos, que van desde organización criminal hasta “falsedad y apropiación indebida de fondos electorales”, pasando por cohecho, malversación de caudales públicos y recepción y blanqueo de capitales. Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Los Verdes, Equo, Paz Con Dignidad-OMAL, ATTAC, Anticapitalistas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y el Colectivo Corazón Verde Chamberí (que forma parte de la federación) se encuentran detrás de una querella que también se dirige contra los principales imputados del caso del Canal: los hermanos González; el ex presidente de INASSA Edmundo Fernández; el ex director de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez; el gerente del Canal, Ildefonso de Miguel; así como el ex consejero delegado de OHL Javier López Madrid; el presidente de esta empresa, Juan Manuel Villar Mir; los dos ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y, por último, el presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals. La denuncia también se establece contra el Partido Popular como persona jurídica, ya que “paralelamente a que esta organización criminal se lucraba en el propio beneficio personal de sus miembros, se iba nutriendo de dinero opaco las financias del Partido Popular, tanto el de Madrid como el nacional”. Por ejemplo, la querella pide que se investigue el desvío de fondos públicos desde la agencia de informática de la Comunidad de Madrid para el pago de gastos electorales del PP (566.497,58 euros en 2012 y 121.000 euros en 2013).
En la comparecencia de prensa, el coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha destacado que “hay indicios técnicos suficientes como para imputar a Esperanza Aguirre“, indicios que parten del “grado de implicación, complicidad y cercanía con el principal cabecilla de la trama corrupta”, Ignacio González. Según puede leerse en la querella colectiva, la ex presidenta resulta “una pieza clave” en la investigación, ya que aunque “no puede atribuírsele conducta alguna con carácter activo”, resulta evidente “su comisión por omisión en la mayoría de las conductas” delictivas, dado el “perfecto conocimiento que debía de tener de las mismas”.
Tras el portavoz de IU, Santiago Barajas, de Ecologistas en Acción, Liliana Pineda, de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y Enrique Villalobos, presidente de la FRAVM, han recordado el importante papel jugado en los años precedentes por la ciudadanía para impedir la privatización de la empresa pública. “No había razón técnica para la privatización. Se daba un buen servicio y era rentable” ha sostenido Barajas a las puertas de la sede del Canal. En la misma línea, Pineda ha recordado que mañana Podemos y PSOE, a instancias de la plataforma, presentarán en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley para revertir la privatización de la empresa y que la compañía vuelva a ser 100% pública. Lo harán a las 11:00 y para ello han convocado a los medios de comunicación.
Quique Villalobos, por su parte, ha subrayado que en 2012 “unas 170.000 salieron a la calle para votar contra la privatización del Canal en una consulta popular, para defender el carácter público de la empresa, y ya desde entonces, con la Plataforma contra la Privatización, alertábamos contra las nefastas consecuencias de esa privatización”. “En los años siguientes denunciamos una y otra vez la opacidad en la gestión del Canal, y ahora esperamos que todos los responsables del expolio que estamos conocimiento en estos días paguen con la cárcel o con las penas que los jueces decidan”, ha continuado, antes de remachar: “no vamos a consentir que ningún gobierno ni partido continúe expoliando los bienes públicos”.
Tal y como destaca Ecologistas en Acción, la intención de los colectivos querellantes no es otra que, al igual que se hizo en la llamada Querella Bárcenas, poder ejercer la acusación popular, es decir, un seguimiento independiente y vigilante de la instrucción, sobre todo ante la alarma social generada al ver que importantes sectores de la política, la empresa, la fiscalía y algunos medios de comunicación aparentemente y presuntamente se han conjurado para saquear bienes públicos. En este caso utilizaban a la administración pública madrileña, realizando un expolio que luego se traduce en falta de recursos públicos y recortes sociales. Sin olvidar la alarma que genera que el propio portavoz parlamentario de PP en el Congreso de los Diputados haya manifestado la pretensión del PP de limitar el ejercicio de la acusación popular.
Entre las operaciones de índole criminal que la red ha llevado presuntamente a cabo destacan las actividades en el extranjero de sociedades vinculadas al CYII (se compraban sociedades con un elevado sobreprecio que luego revertía en forma de comisión o soborno), la adjudicación irregular de contratos dentro de la empresa pública Mercasa, la evasión fiscal y blanqueo de capitales mediante el uso de paraísos fiscales, el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras como la construcción del tren a Navalcarnero o la adjudicación irregular a familiares o amigos de obras como la disparatada instalación del campo de golf de Chamberí que, hoy declarada ilegal por la justicia, ha sido un auténtico caballo de batalla en los últimos años para el Colectivo Corazón Verde de Chamberí y otros colectivos vecinales como la AV El Organillo y la propia FRAVM.
