El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a indemnizar con 30.000 euros a cinco vecinos de la urbanización madrileña Santo Domingo (Algete), al declarar vulnerado su derecho fundamental a la intimidad domiciliaria a consecuencia del ruido producido por el sobrevuelo de aviones del aeropuerto de Barajas, al concluir la Sala que el ruido es ‘suficiente, por su entidad, naturaleza y duración, para generar molestias que lo trastornan más allá de los límites aceptables’. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) saluda la sentencia en tanto ordena al Ministerio de Fomento a adoptar ‘las medidas precisas para que cese la causa de esa lesión’ y emplaza al Consejo General del Poder judicial (CGPJ) a insertar el fallo en la publicación oficial de jurisprudencia del Supremo para fijar esta doctrina y que sirva para otros casos similares.Andrés Martínez, portavoz de la FRAVM, considera que la sentencia “abre vías para solucionar un problema que afecta, al menos, a 500.000 personas de 30 municipios, en cuyo nombre deberían actuar sus ayuntamientos trasladando a los tribunales la denuncia de lo que, a juicio del Alto Tribunal, constituye una situación de contaminación acústica. Una actuación conjunta de los ayuntamientos de los municipios afectados por el ruido del tráfico aéreo de Barajas obligaría a AENA y al Ministerio de Fomento a adoptar medidas efectivas para poner fin a una situación que los vecinos llevan años denunciando”.Martínez celebra, asimismo, que el Alto Tribunal haya aplicado los límites de ruidos fijados en las normas de la Comunidad de Madrid (65,60 y 55 decibelios por el día, y 50 y 45 por la noche) ya que hasta el momento sólo se consideraban las medias, “una valoración de la que, a buen seguro, se podrán beneficiar también otras personas afectadas por la contaminación acústica, como las que viven en zonas con alta concentración de bares de copas o al borde de grandes vías, como la M-30, la M-40 o la carretera de Extremadura”.