La FRAVM pide la retirada del documento inicial de la Operación Chamartín

A juicio de la FRAVM, el nuevo desarrollo urbanístico no responde al interés general de la ciudadanía, sino a una intervención “de casino” en el mercado inmobiliario. Además, la operación no sólo colmatará de forma irreversible el norte de la capital, ya sobredensificado por las cuatro torres en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, los PAU de Montecarmelo, Las Tablas, Arroyo Fresno y Sanchinarro y los desarrollos urbanísticos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, sino que provocará graves problemas de movilidad en las vías de acceso al ámbito y hurtará terrenos públicos para la construcción de los necesarios equipamientos públicos en los distritos de Tetuán, Chamartín y Fuencarral.

La FRAVM pide la retirada del documento inicial de la Operación Chamartín
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En sus alegaciones al documento de aprobación inicial del Plan Parcial de Reforma Interior del APR 08.03 “Prolongación de La Castellana” que hoy ha registrado la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la organización vecinal ha solicitado la inmediata retirada del proyecto toda vez que viene a colmatar la zona norte de Madrid, ya sobredensificada por las cuatro torres en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, a los PAU de Montecarmelo, Las Tablas, Arroyo Fresno y Sanchinarro, a las realizaciones de Valdebebas y el Ensanche de Barajas y, por último, por el vasto incremento del tejido residencial y de actividades en los municipios limítrofes de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. El nuevo desarrollo completa, por otra parte, un crecimiento exponencial de los techos de utilización de la estación ferroviaria de Chamartín, que pasará a tener 32 vías (11 más que en la actualidad) y será la cabecera de las líneas de alta velocidad con el norte de la península, además de las nuevas conexiones con la T-4 y la estación de Atocha.

A juicio de la FRAVM, la Operación Chamartín no es necesaria ni, mucho menos, prioritaria. La apelación a objetivos y ejecuciones que, sobre el papel, aspiran a justificar el nuevo desarrollo, no pasan de ser justificaciones ideológicas sobrevenidas a posteriori para obtener una suculenta rentabilidad económica. Da cuenta de ello la modificación puntual del PGOUM realizada en 2003 por la que se incrementó en un 75% la edificabilidad del ámbito. Tras esta decisión no había argumentos ni razones de índole urbanística, ni apelaciones al interés general, sino un comportamiento “de casino” en el mercado inmobiliario, alarmante por cuanto es imputable a las tres Administraciones (municipal, autonómica y central) y a las empresas públicas RENFE y ADIF, todas ellas de la mano de una empresa privada (DUCH SA), del BBVA.

En la misma dirección apunta el hecho de que las administraciones destinen suelo público a la promoción residencial privada en una relación de 20/80 viviendas algo protegidas/libres en unos terrenos que, en su día, obtuvieron mediante expropiación para ejecutar una infraestructura pública.

Amén del regalo del aumento de la edificabilidad que le trajo la modificación puntual del PGOUM en 2003, la Operación se ha beneficiado in extremis de otra prebenda: la exoneración, gracias a la disposición adicional cuarta (DA4) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, de la obligación de ceder suelo al Ayuntamiento para las redes generales, privando así a los distritos de Tetuán, Fuencarral y Chamartín de un significativo paquete de suelos para cubrir sus necesidades en materia de zonas verdes, espacios libres y equipamientos públicos.

A la definitiva e irreversible colmatación de la zona norte de la ciudad, la FRAVM añade los problemas de movilidad que la edificación de más de 3 millones de m2 en viviendas y usos terciarios, más la multiplicación de la capacidad operativa de la estación generará en la M-40, M-30, A-1, M-607, A-11 y en la autovía de Alcobendas, toda vez que las administraciones no han contemplado el exponencial incremento del tráfico que el desarrollo de la Operación conllevará.

Por todo ello, la Federación vecinal solicita la retirada del documento aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión de 5 de noviembre de 2009 y la elaboración de un nuevo proyecto en el que se incorporen, entre otras, las siguientes cuestiones:

1.- Que el nuevo desarrollo urbanístico sea diferido subordinándolo a la realización de otras operaciones estratégicas de la ciudad como la de Campamento, el Cuartel Central de Ingenieros de Ciudad de los Ángeles, el polígono tecnológico de Villaverde… y no sin antes definir una ordenación racional del sistema ferroviario, sendas estrategias municipal y regional de difusión de la centralidad en el área metropolitana y un programa de dinamización del tejido industrial…

2.-Que se concierte el presente crecimiento urbanístico con los que ya se vienen produciendo o están previstos en los municipios vecinos de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo.

3.- Que la actuación incorpore respuestas a los déficit dotacionales y al deterioro del espacio público y la pobrísima calidad de la escena urbana de los barrios vecinos contando con la participación de la población residente en los citados barrios.

4.- La elaboración de un estudio específico sobre el estado actual y proyectado de la movilidad en la zona, estableciendo los requerimientos precisos para concretar un modelo sostenible.

6.- Que se reduzca de manera drástica la edificabilidad lucrativa total del ámbito, retomando el coeficiente de edificabilidad máximo de 0,6 m2 construidos/m2 suelo recogido en la ficha original (sin modificar) del APR 08.03.

7.- Que, al menos, el 50 % de la superficie del suelo destinado al uso residencial sea calificado para viviendas de protección pública (VPP) y oficial (VPO).

8.- Que se mantenga la industria existente, aunque pueda ser reagrupada y trasladada dentro del ámbito.

9.- Que las cesiones mínimas para las redes públicas se cuantifiquen reservando 35 m2 de suelo por cada 100 m2 construidos para zonas verdes y espacios libres y 45 m2 de suelo por cada 100 m2 construidos para equipamientos sociales y servicios urbanos, todo ello sin perjuicio de las cesiones precisas para la red de infraestructuras de nivel general. La FRAVM solicita–aun cuando esta no sea materia del PPRI- que todo el equipamiento sito en suelos cedidos sea de titularidad y gestión públicas.

10.- Que en la definición y diseño de los equipamientos y zonas verdes se atienda, con carácter prioritario, a enjugar los déficit y carencias dotacionales de los barrios consolidados de los distritos vecinos de Tetuán, Chamartín y Fuencarral.

11.- Que se redefina la delimitación del ámbito del APR 08.03 de modo que incluya la actuación del by-pass norte de la M-30 para estudiar alternativas al plan ya derogado que hacía pasar su trazado por la calle Monforte de Lemos y que fue rechazado por una amplia movilización ciudadana.

14.- Que, también, se redefina la delimitación del ámbito, así como el diseño de las acciones pertinentes, a fin de que el soterramiento del la M-30 sea llevado hasta el cruce con la avenida de la Ilustración.

15.- Que la línea de metro prevista en el nuevo desarrollo finalice en el PAU de Las Tablas.16.- Que la edificabilidad se agrupe en construcciones con alturas coherentes con las características del entorno, desechando por completo los rascacielos.

17.- Que la carga económica que se deriva de las propuestas precedentes (urbanización, estudios, red de gran capacidad, by-pass, accesos a las estaciones de metro…) sea imputada de manera proporcional a los propietarios de los terrenos del ámbito del APR 08.03.

18.- Que, en aras de la transparencia y de trasladar una mejor y más veraz información a la opinión pública, se cree –desde ya- una comisión de seguimiento de la Operación Chamartín en la que, junto a las Administraciones, participen, entre otros, la FRAVM y las centrales sindicales más representativas. La Federación ha solicitado, asimismo, que una vez creada la junta de compensación del APR 08.03, pueda estar representada en ella, con voz y sin voto.

Por último, la Federación vecinal ha solicitado al área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda que amplíe el plazo de información pública y de presentación de alegaciones al documento hasta el 31 de enero de 2010 o, en su caso, que se abra un nuevo periodo por plazo de un mes, toda vez que el actual -que finaliza el 2 de enero- ha transcurrido en período festivo.

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