Se trata de un tiempo absolutamente insuficiente para leer, analizar y elaborar alegaciones y sugerencias ante un proyecto de la envergadura e importancia del Anteproyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio.
Es evidente que el Ejecutivo autonómico no tiene ningún interés en facilitar la participación de la sociedad civil en cuestiones que la afectan de manera tan directa y determinante, y en este caso ha actuado siguiendo el mismo guión usado en la tramitación de la anterior ley ómnibus. Al igual que ha hecho ahora, tan solo concedió siete días, entre la Nochebuena y la Nochevieja de 2021, para presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, destinado a modificar 33 leyes y 5 decretos. Lo hizo igualmente en la antesala de un periodo de vacaciones laborales.
El plazo de información pública del nuevo anteproyecto finaliza mañana viernes, 19 de julio, “una urgencia que no acertamos a entender y que no compartimos”, puede leerse en el documento registrado esta tarde por la federación vecinal. El pasado 8 de mayo el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio propuso su tramitación urgente, y de esta forma eliminó el trámite de consultas públicas previas, redujo el plazo de información pública y ha recortado su trámite parlamentario. “Todo ello sin que existan razones veraces que justifiquen ni la envergadura de la modificación ni la urgencia de la misma”, sostiene la FRAVM.
“Siete días es muy poco tiempo para estudiar adecuadamente un texto que modifica 131 artículos de diez leyes relacionadas con el urbanismo, el medio ambiente y la protección animal que, dicho sea de paso, no surgen de demandas de sectores mayoritarios de la ciudadanía o de la sociedad civil, ni desde una necesidad perentoria, no estando en plena pandemia y ni nada similar. El artículo 11 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo no está redactado para acortar los plazos caprichosamente, sino para poder actuar con celeridad en situaciones de verdadera urgencia”, subraya la organización vecinal en su alegación.
La iniciativa propuesta por el equipo de Ayuso afecta a normas tan heterogéneas como la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, la Ley 2/1991 para la protección y regulación de la flora y fauna silvestre de la Comunidad de Madrid, la Ley 8/2005 de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, la Ley 4/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas, la Ley 2/2007, de 27 de marzo, por la que se regula la garantía del suministro eléctrico de la Comunidad de Madrid, la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, la Ley 17/1984 reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, la Ley 4/2016 de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid y la Ley 26/1997, de Creación del Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria (IMIA) de la Comunidad de Madrid.
A juicio de la FRAVM, el Gobierno regional “está cercenando gravemente los derechos ciudadanos y los de las asociaciones interesadas al impedir “de facto” el derecho a la participación en los asuntos públicos”, establecido en normas como la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
De hecho, “no se entiende este mínimo plazo a no ser que lo que se pretenda, precisamente, sea la ausencia de una participación rigurosa y fundamentada. Hay que tener en cuenta que por imperativo de la agenda de la Asamblea de Madrid, el debate parlamentario no se producirá, como pronto, hasta octubre”, indica la FRAVM.
La federación se muestra preocupada por la frecuencia con la que el Gobierno regional está utilizando la tramitación de leyes ómnibus para modificar en bloque normativa importante. Desde 2021, esta es la tercera ley de estas características que se tramita. A parte de la de la Navidad de ese año, en diciembre de 2023 se tramitó la Ley 16/2023 de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad de Madrid, que a pesar de que sirvió para modificar once leyes, dos de ellas ambientales, el Gobierno regional no habilitó siquiera el trámite de información pública.
En general, estas normas, repletas de una abundante retórica sobre “sostenibilidad”, reducen los procedimientos que garantizan la prevención de la especulación inmobiliaria y la protección del entorno natural madrileño, transformándolo en una especie de parque temático con cabida para cualquier cosa. En el caso del actual anteproyecto ómnibus, si bien uno de los objetivos es “la ineludible conservación de nuestro medio ambiente y la revitalización del medio rural”, una lectura rápida del texto permite afirmar que “la mayoría de las modificaciones que se plantean tienen un único eje director, la relajación de los controles y garantías medioambientales y sociales de las políticas y leyes autonómicas en materia urbanística y medioambiental”, asegura la FRAVM.
Por ello es tan importante disponer de un tiempo mínimo razonable para estudiar el proyecto y poder presentar propuestas para mejorarlo. Y por ello la FRAVM ha solicitado la anulación de su tramitación y la vuelta a la casilla de salida.
