Montserrat Muñoz, la portavoz del grupo parlamentario de IU-ICV, tuvo que pelear ayer para superar la oposición inicial de los grupos del PP y PSOE a algunos de los puntos incluidos en la moción. Finalmente, las propuestas fueron aprobadas casi por unanimidad, con 299 votos a favor y uno en contra.
Para Andrés Martínez, vecino del barrio de la Alameda de Osuna y responsable de la comisión de Medio Ambiente que desde 1983 ha abanderado la lucha vecinal para frenar el impacto medioambiental de las sucesivas ampliaciones del aeropuerto de Barajas “la aprobación de la moción defendida ayer por Montserrat Muñoz es positiva”. No olvida, sin embargo, que una de las medidas presentadas, la que hace referencia a la participación de la FRAVM en la gestión ambiental del aeropuerto “ya está recogida en la Declaración de Impacto Ambiental de 1996 pero no se ha cumplido por la manifiesta falta de voluntad de AENA, de manera que permaneceremos vigilantes para asegurar la participación vecinal en los órganos de vigilancia y control del aeropuerto”.
En cumplimiento de las medidas aprobadas, se revisará el mapa de ruidos publicado el 30 de junio de 2007 para adecuarlo a los datos reales de ruidos; se diseñarán, con criterio de mínimo impacto, nuevas rutas, tanto de salida como de entrada; se intervendrá en las cuencas de los ríos Jarama y Henares –declarados Lugares de Interés Comunitario- para reparar los daños producidos por las ampliaciones del aeropuerto; se ampliarán los mecanismos de control de calidad del aire y de contaminación atmosférica a los municipios y barrios del entorno aeroportuario; se impulsará la tramitación del Proyecto de Ley sobre las tasas aeroportuarias al objeto de fomentar la utilización de las flotas con mejores características medioambientales por las compañías aéreas y se propondrá la adopción de nuevas medidas que permitan reducir el impacto en horario nocturno.
Martínez subraya que “casi todas estas medidas responden al derecho a la información y la participación recogidos en el Convenio de Aarhus y transpuestos a nuestro derecho interno mediante la ley 27/2006. Ahora sólo falta que se lleven a efecto’.
