Casos como el que ayer pusieron en conocimiento de la Justicia cinco familias ecuatorianas residentes en Madrid se repiten por centenares en los barrios y los municipios de nuestra comunidad: vecinos, muchos de ellos inmigrantes, contrataron hipotecas de viviendas sobrevaloradas en pleno boom inmobiliario. Hoy están en paro o sus ingresos han disminuido notablemente y se enfrentan, no sólo a un desahucio por impago, sino a una deuda monumental derivada de la diferencia de la valoración actual de sus pisos respecto a la tasación original.
Las cinco familias que ayer denunciaron esta situación en el Juzgado de lo Penal consiguieron una hipoteca a través de Central Hipotecaria del Inmigrante, una “empresa” cuyo intermediario, al que identifican como Enrique Caño, les aseguró que se dedicaba a desarrollar un programa de integración mediante el apoyo a inmigrantes para el acceso a la vivienda. La “empresa” se hacía cargo de todos los trámites. Entre otros documentos, les hizo firmar reconocimientos de deuda por decenas de miles de euros en concepto de comisión o letras de cambio en blanco y establecieron la condición de que tenían que firmar como avalista de otro comprador para acceder a su vivienda. Se creó así una cadena de cientos de avalistas que no se conocen entre sí coordinados por la agencia.
Ahora, cuando acumulan meses de impago y algunos viven pendientes del desahucio inminente, argumentan ante el juzgado que el intermediario abusó de su confianza para que invirtieran su dinero en una operación financiera de alto riesgo de la que desconocían sus consecuencias.
Muchos de ellos se dieron cuenta del alcance de la operación cuando, en el momento de la firma de la adquisición de su vivienda se encontraron con sus otros copropietarios.
Las cinco familias que ayer denunciaron estos hechos, acompañados por representantes de la la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), de la FRAVM y de IU, califican esta operación como un ‘engaño idóneo’. En sus denuncias, solicitan al juez la nulidad de todos los préstamos y la suspensión cautelar de las deudas mientras dure la investigación de los hechos.
Representantes de CONADEE advierten que presentarán nuevas demandas “ya que existen 220 hipotecas en análisis”. Está en juego, denuncia, ‘la pérdida del patrimonio de centenares de familias trabajadoras’ y la “vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas trabajadoras en general y de las migrantes en particular, por actores corporativos y por actores estatales, entre otros, el derecho a la familia y a su integridad; el derecho a la vivienda y a una tutela judicial efectiva”.
