La Fiscalía de Medio Ambiente investiga la contaminación atmosférica de Madrid

“Esperamos que en esta ocasión las administraciones madrileñas tomen nota de la gravedad de los hechos que las organizaciones vecinales, ecologistas y médicas llevamos tiempo denunciando”. Con estas palabras ha recibido esta mañana el responsable de Medio Ambiente de la FRAVM, Francisco Caño, la noticia de que la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto diligencias informativas por la mala calidad del aire de la capital. “Sabemos que han pedido a la consejería de Medio Ambiente que comunique qué medidas han adoptado para reducir la contaminación de la capital, una iniciativa que responde a la denuncia que la FRAVM interpuso el pasado 29 de mayo llamando la atención sobre la inacción de las administraciones al respecto”, ha añadido. “En todo caso, la FRAVM, en colaboración con Ecologistas en Acción y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, organizaciones con las que promovemos una campaña contra la contaminación atmosférica, estaremos ojo avizor para garantizar que tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Gobierno regional aplican políticas públicas medioambientalmente sostenibles. Porque no hablamos -ha subrayado- de una responsabilidad que recaiga en exclusiva en el área de medio ambiente, sino que ha de regir de forma transversal todas ellas, desde el diseño de la movilidad urbana a la construcción de infraestructuras”.

En el oficio remitido a la Consejería, informa Europa Press, la Fiscalía aduce que ha recibido diversas denuncias sobre la mala calidad del aire en la capital, lo que le ha llevado a abrir las correspondientes diligencias informativas ‘con el objetivo de investigar o, en su caso, corroborar, los datos denunciados’.

La Fiscalía, por tanto, ha analizado la información proporcionada por el Ayuntamiento de Madrid y ha requerido informes al Gobierno regional toda vez que ‘en los supuestos en que se sobrepasen los umbrales de información y alerta previstos reglamentariamente” también la Comunidad Autónoma afectada está obligada a informar de las medidas adoptadas “en materia sanitaria, de medio ambiente y de protección civil conforme a los planes de acción y protocolos establecidos en el marco de protección civil’.