Sin consultar a la vecindad ni a sus organizaciones, José Manuel Calvo ha decidido sacar a esta zona del mapa de áreas preferentes para el impulso de la regeneración urbana con el argumento de que “el desplazamiento de la población que no puede asumir el incremento del precio de los alquileres se produce en ocasiones cuando se inician obras de rehabilitación de los edificios”.

Las entidades vecinales califican la medida como un “auténtico disparate”, ya que perjudica a las comunidades con menos recursos y al barrio en su conjunto, la zona que, hoy por hoy, subrayan, acumula la mayor cantidad de infraviviendas de la capital. A pesar de la vertiginosa transformación que está sufriendo Lavapiés y el barrio administrativo en el que se sitúa, Embajadores, el lugar sigue siendo el rincón más vulnerable del distrito Centro, el que presenta los índices socioeconómicos (desempleo, renta…) más preocupantes y el parque residencial más anticuado y deteriorado. Las razones para que se mantenga como Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) siguen siendo de peso, y no pueden echarse por tierra con la excusa de combatir la turistificación y la gentrificación del barrio.

La FRAVM y la Asociación Vecinal La Corrala ven improvisación en el anuncio de Calvo, y le piden que rectifique cuanto antes, volviendo a incorporar a Embajadores en el mapa de ARRUs. Para ello, con el fin de poder exponer adecuadamente las razones de esta petición, han solicitado sendas reuniones con Calvo y el concejal presidente de la Junta de Centro.

Las dos entidades vecinales llevan casi cuatro décadas batallando por una adecuada regeneración urbana de Embajadores, y más de tres años luchando contra la proliferación descontrolada de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) que, efectivamente, es uno de los factores que está detrás de la expulsión de los vecinos y vecinos de rentas más modestas como consecuencia del incremento de los precios de la vivienda. Pero suprimir las ayudas a la rehabilitación no es la forma de poner coto a los pisos turísticos. “A la VUT hay que combatirla con una normativa restrictiva y con servicios de inspección eficaces”, indica Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, antes de criticar la pasividad en este campo mostrada por el Consistorio en este tiempo. “El Área de Desarrollo Urbano Sostenible se ha demorado tres años en hacer frente a las VUT a pesar de que las normas urbanísticas actuales lo permiten, y no es de recibo que lo haga ahora con una medida que claramente perjudica al vecindario”, asegura el representante de la FRAVM.