“Salimos a la calle para apoyar a nuestras vecinas, que están luchando para solucionar sus necesidades más cotidianas”, explica el Sindicato del Barrio de Hortaleza, aludiendo a dos casos que denunciarán en la marcha del domingo: la amenaza de desahucio de Raquel, que vive en una de las cientos de viviendas que adquirió un fondo de inversión en este distrito, y la de Pili, que sigue esperando en una infravivienda a que la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid cumpla con la sentencia judicial que obliga a realojar a su familia en un piso de protección.
“El derecho a la vivienda debe priorizarse frente al ánimo de lucro de los fondos de inversión que comercian con nuestros hogares, y las administraciones deben cumplir con sus obligaciones en materia de vivienda social, haciendo un buen uso del dinero público”, defienden los convocantes de la manifestación, que partirá el domingo a las 16:30 desde la Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza (Calle Santa Susana, 55) para culminar en la plaza de la UVA de Hortaleza, el último barrio de infraviviendas que sigue en pie en la capital. Construido en 1963 como una solución provisional para dar techo a un millar de familias, todavía quedan pendientes decenas de realojos que la Comunidad de Madrid siempre posterga.
En la UVA de Hortaleza reside actualmente Pili, junto a su marido y tres hijos, en una pequeña casa deteriorada y de apenas una habitación. Un juzgado ha ordenado a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a encontrar un realojo para esta familia, a la que intentó desahuciar en los últimos meses sin ofrecerle una alternativa habitacional.
Cerca de la UVA, en el barrio de Parque de Santa María, lleva viviendo Raquel toda su vida, en el mismo piso que sus padres alquilaron al llegar a Madrid desde el éxodo rural en los años setenta. El inmueble, propiedad de la familia Miarnau, una de las más ricas de España, fue vendido en 2016 al fondo de inversión propiedad de Valentín Bascuñana, que se hizo con 800 viviendas del barrio con inquilinos dentro. Tras la operación, el incremento del precio del alquiler fue inmediato, provocando la expulsión de muchas familias que no podían afrontar el aumento de renta. Desde la Asamblea de Inquilinas de Hortaleza, Raquel ha estado ayudando en los últimos años a los afectados. Su vivienda pasó el año pasado a manos de un nuevo fondo de inversión que ahora reclama el inmueble.
“Hortaleza es un barrio con un tejido social que promueve la convivencia, que se organiza y lucha por servicios y espacios públicos, y que defiende el derecho a la vivienda. Vamos a demostrarlo una vez más”, proclaman desde el Sindicato del Barrio de Hortaleza.
