“Nuestras casas no son un negocio. No queremos que se de carpetazo a nuestra querella”. Con este lema, miembros de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), con el apoyo de la FRAVM, se concentraron ante los conocidos juzgados contra la demanda del Ministerio Público. Después de un lustro de pelea para que se haga justicia y se reconozcan sus derechos como moradores de unas viviendas que en su día fueron públicas y protegidas, las familias afectadas no están dispuestas a que su caso se cierre en falso. Por ello, días después de conocer el cambio de criterio de la Fiscalía en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid decidieron sacar a la calle su protesta y rogar al juez que continúe su investigación. El cambio de criterio ha coincidido con la sustitución del propio fiscal de la causa. “Parece que el nuevo fiscal tiene una línea conservadora y con esa línea ha cambiado de criterio en claro favor a la Comunidad de Madrid”, indicó durante el acto el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, antes de subrayar que hay “jurisprudencia y dictámenes suficientes” como para que concluya la instrucción y se abra un juicio oral. En este punto, el representante vecinal recordó, para compararla con la enajenación de los pisos del IVIMA a Goldman Sachs, la reciente condena del Tribunal de Cuentas a Ana Botella y a otras siete personas de su anterior equipo de gobierno municipal por la venta de viviendas de la EMVS al fondo buitre Blackstone: “se trata de dos operaciones idénticas y equivalentes. Se vendieron viviendas a fondos en condiciones en las que se restó a los legales adjudicatarios sus derechos”, remachó.
En la misma línea, la portavoz de AVVI, Montse González, recordó que Encasa Cibeles, la empresa que gestiona actualmente los inmuebles vendidos por la Comunidad de Madrid, “está presionando de todos los modos posibles para que nos vayamos (desde correos amenazantes a okupas de tipo violento), y estamos resistiendo a base de muchísimo esfuerzo y mucha carga física y emocional. Y claro, estamos esperando que el juicio se celebre y si ahora nos dicen que se va a archivar, pues muy mal”, sostuvo. González criticó también el papel del Gobierno regional en esta problemática, que no solo no les ha apoyado sino que ni siquiera ha accedido a mantener una reunión. De todas formas, “no nos vale su perdón. Tienen que rectificar”, indicó la portavoz vecinal.
La asociación de damnificados no entiende a qué se debe el repentino cambio de postura de la Fiscalía Provincial, que ahora considera que “no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos” cuando antes sostenía que el proceso de enajenación de los inmuebles estuvo “trufado de irregularidades”. Recordemos que en 2013, cuando se produjo la vergonzosa operación de venta de 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos del IVIMA al fondo buitre Goldman Sachs se encontraba al frente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, político del PP que ha llegado a estar en prisión por su participación en la trama de corrupción del caso Lezo.
En estos momentos, los abogados de AVVI esperan la llegada del escrito de la Fiscalía que pide el archivo del caso penal para estudiar las posibilidades de recurrirlo.
Al margen de esta causa, siguen abiertos cinco procesos contencioso-administrativos sobre la operación de venta. Pero los damnificados saben que este tipo de vía legal es más larga y lenta aún que la vía penal, por lo que insisten en reclamar al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid que no de carpetazo a un proceso en el que han depositado enormes esperanzas.
