Ante el argumento mostrado por el director del Instituto de Tecnologías Educativas, Antonio Pérez Sanz, el responsable de Formación del Profesorado, Ismail Ali, y el jefe de Servicios de Medios Tecnológicos, Juan José Blanco, de que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en materia de regulación y que los centros disponen de libertad para elegir su sistema de conexión a Internet, instaron al Ministerio a “que haga campañas informativas a través de los medios de comunicación para que padres y docentes conozcan los riesgos y apliquen las medidas de precaución”.
Paco Caño y Minerva Palomar, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Asunción Laso, de la asociación de afectados AVAATE de Valladolid, Carmelo Santolaya, de la Asociación de Afectados de Navarra ASANACEM e Irune Ruiz, de la Asociación de Afectados COVACE del País Vasco, en representación de la citada plataforma ciudadana, dejaron claro que su “preocupación no surge por consideraciones educacionales o tecnológicas sobre las formas de dar las clases, sino que se fundamenta exclusivamente en las consecuencias para la salud de los alumnos y alumnas, en especial de primaria y personal docente y auxiliar que, con conexión inalámbrica a Internet, se verían expuestos a las radiaciones de microondas durante la jornada lectiva a lo largo de todo el año escolar, con los consiguientes efectos acumulativos”.
“Los sistemas inalámbricos afectan a las personas y pueden causar daños a la salud, especialmente en personas menores que están en un proceso de desarrollo y que, cuantos más informes se van conociendo en la actualidad, más se van confirmando sus efectos sobre la salud y además negativos”, sostienen los portavoces ciudadanos. Por ello, invitaron a los responsables gubernamentales a seguir el ejemplo de países como Alemania, Austria, Francia, Rusia, China o Italia que, “sin esperar a más evidencias, aplican ya el Principio de Precaución, planteando diversas medidas en defensa de la salud, incluido el uso del cable en lugar del WiFi”.
Además de la extensión del cableado para las conexiones a Internet en los centros escolares, la plataforma demandó la “prohibición del uso, incluso en espera, de los teléfonos móviles a menores de 14 años en los recintos escolares y la instalación de una dotación suficiente y económica de teléfonos públicos tanto en el interior del edificio como en el recinto exterior de los centros escolares para que los alumnos puedan comunicarse con el exterior sin necesidad de usar el teléfono móvil”. También reclamó la “prohibición del uso, incluso en espera, de los teléfonos móviles a toda persona cuando esté usando el transporte escolar, por su perjuicio personal y la contaminación pasiva generada en su entorno (efecto horno de microondas de las paredes metálicas del vehículo y efecto enlace continuo por velocidad) y que los centros de enseñanza se declaren oficialmente “zonas blancas” libres de contaminación electromagnética, como muestra del compromiso de este Gobierno para con la protección de la salud de nuestros menores y la creación de espacios óptimos para el aprendizaje”.
En materia informativa, solicitaron al Ministerio “campañas de uso razonable del teléfono móvil, y de las alternativas al WiFi y a los teléfonos inalámbricos en otros centros públicos y en los domicilios, según recomendaciones también planteadas por el Parlamento Europeo”, así como ser informados de la evolución del programa Escuela 2.0, de cuatro años de duración, así como de los “sistemas de medición de emisiones y evaluación de la evolución sanitaria y académica de la comunidad escolar diseñados para cada centro que mantenga el sistema de conexión a Internet por WiFi”.
Antonio Pérez Sanz, por su parte, emplazó a los representantes de la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética a mantener reuniones periódicas y a dar traslado de los resultados de la reunión de esta mañana a la Comisión para la Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno.
