Tras pedirla junto a centenares de organizaciones sociales, políticas, artísticas y de derechos humanos, la FRAVM recibió con alegría la puesta en libertad de los dos titiriteros que fueron detenidos y encarcelados en el marco del Carnaval de Madrid por presuntos delitos de “enaltecimiento del terrorismo” e “incitación al odio”. De igual manera, se felicita por la rebaja de las penas contra los “8 de Airbus” realizada esta mañana por la fiscalía del caso. De una petición inicial de ocho años y tres meses de cárcel para cada uno de ellos ha pasado a retirar los cargos contra dos y a reducir la petición a la mitad de tiempo. Sin embargo, consideramos del todo insuficientes las medidas de uno y otro caso y volvemos a demandar que se retiren los cargos que pesan sobre todos los acusados, tal y como han reclamado miles de personas esta semana en diversas manifestaciones y otros actos de protesta.
A estos dos acontecimientos ayer se sumó la detención de tres activistas pro vivienda que, con un nutrido grupo de afectados, ocuparon una sucursal de Bankia en el centro de Madrid para pedir alquiler social para 50 familias. Tras pasar la noche en comisaría, esta mañana han sido liberados con cargos de atentado contra la autoridad, desobediencia y residencia.
Todo esto ha tenido lugar esta semana, pero la tendencia, que encuentra cobertura legal en normas tan polémicas como la Ley de Seguridad Ciudada o Ley Mordaza, viene de lejos. Por eso, la Plataforma por la Absolución de los detenidos del Centro Social Trece Rosas de Alcalá de Henares lleva semanas preparando la manifestación unitaria contra la represión de este sábado, a la que se han adherido decenas de colectivos sociales, sindicales y organizaciones políticas.
En la marcha se recordarán muchos otros casos: “el mismo sistema que nos hace cada vez más pobres utiliza casos como el de Alfon para amenazarnos, además, con lo que nos puede pasar si protestamos. Casos como el de Alfon, el de Miguel e Isma, detenidos tras la multitudinaria manifestación de las Marchas por la Dignidad, Elena y Jesús detenidas tras el asalto ilegal a una sede política [el centro social Trece Rosas, local del PCE], Raúl Capín, detenido por fotografiar aquello que no quieren que veas o el de los cientos de sindicalistas que en todo el estado esperan juicio. Sus delitos: ser activistas sociales, pedir pan, trabajo y techo y ejercer su derecho a huelga”, indican los organizadores de la manifestación en un manifiesto.
“El 13 de febrero volvemos a tomar las calles, porque en una sociedad verdaderamente democrática no tiene cabida que se castigue a quienes luchan por nuestros derechos. Volvemos a tomar las calles y las plazas para mostrar nuestra solidaridad con quienes luchan por el derecho a una sanidad y educación públicas, contra el desempleo y la precariedad, por el derecho a la vivienda, contra la violencia machista, contra la desigualdad y la exclusión, por el derecho de buscar un futuro digno más allá de vallas y concertinas, por la libertad de información y de expresión, por el derecho a la protesta y la huelga, por los derechos de quienes se rebelan, también, contra la represión”, resumen en el comunicado, antes de concluir: “El 13 de febrero volvemos a tomar las calles porque es ahí donde nuestras voces se oyen para seguir construyendo una sociedad más justa (…) Nuestros derechos se defienden ejerciéndolos: nos seguiremos reuniendo y manifestando, seguiremos haciendo huelgas y parando desahucios. Y lo haremos con la alegría de quienes saben que sus objetivos son sinceros, porque son los derechos de la mayoría. Y no hay mordazas suficientes para acallarnos. El 13 de febrero, diremos alto y claro que pese a que nos quieren solas, nos tendrán solidarias”.
