Con fecha 23 de mayo de 2007, la AV Urbe (Hortaleza), presentaba un informe de más de 100 páginas que recogía multitud de denuncias de infracciones urbanísticas de diversa índole (replanteo ilegal, exceso de ocupación de parcelas y del volumen edificable, daños causados por obras en edificios colindantes, excesos de altura, tala de árboles, cambios de usos, incumplimiento de condiciones estéticas, construcción de edificios fuera de alineación, inexistencia de licencias de primera ocupación…) cometidas por los propietarios de varias viviendas del barrio de Canillas. El informe, elaborado por requerimiento de la entonces concejala presidenta de distrito, Sandra Lorite, fue remitido al Defensor del Pueblo.
El 5 de marzo de 2008, el adjunto segundo del Defensor del Pueblo elaboraba un informe en el que se constata la desidia e inhibición de los servicios técnicos de la Junta, por no calificar su omisión de policía y de control de la legalidad de connivencia con los infractores urbanísticos.
De un lado, hallamos ciudadanos residentes en Canillas que denuncian una y otra vez ?en defensa de su legítimo interés y en el legítimo ejercicio de sus derechos? ante la Junta Municipal de Hortaleza las infracciones urbanísticas que se comenten, solicitando a un tiempo el amparo del poder local y el restablecimiento de la legalidad vulnerada, y de otro unos servicios técnicos municipales que ?en palabras de la Defensoría del Pueblo, pág. 2 del informe? “…incumplen la obligación, sobre la base de la labor de vigilancia que tienen encomendada los ayuntamientos, de girar visitas de inspección siempre que, de oficio, lo consideren necesario; mucho más si así lo requiere un ciudadano, en este caso mediante una asociación de vecinos”.
De un lado están vecinos y vecinas que ?sin obtener el menor fruto de su demostrada colaboración con la Junta de distrito en materia de disciplina urbanística? han debido agruparse en la Asociación urbe para hacer frente a su indefensión ante los infractores y ante los propios servicios técnicos de Hortaleza, y de otro ?continúa el adjunto segundo del Defensor del Pueblo, pág. 5 del informe? “… ha de calificarse de pasividad la mostrada por la Administración local, no sólo en la tramitación de las denuncias de la asociación de vecinos, sino, en general, en el ejercicio de la protección de la legalidad urbanística”, junto con la negativa a facilitar la pertinente información oral o escrita a la asociación vecinal sobre los expedientes para que ésta pudiera ejercer las oportunas acciones en favor de la preservación de la legalidad urbanística.
De modo que, transcurrido un año ?contando únicamente desde la fecha del informe de la asociación vecinal requerido por la anterior concejala de Hortaleza? y agotada la primera instancia de la Junta de distrito (donde los malos modos, la cerrazón y la más absoluta de las negativas se han convertido en moneda corriente cuando de la asociación Urbe se trata), la FRAVM y la entidad vecinal se han dirigido esta mañana a la segunda instancia, al área de Urbanismo y Vivienda, con el propósito de informar directamente, en una reunión, a la delegada y, si fuera preciso, al propio alcalde.
Esta mañana, representantes de la AV Urbe y de la FRAVM han hecho entrega de las denuncias y del informe del Defensor del Pueblo a la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento, Pilar Martínez, que se ha comprometido a estudiar ambos informes y a reunirse con las entidades vecinales.
