El anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles: un despropósito más del Gobierno de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid aprobará en las próximas semanas una Ley de Residencias Rurales Sostenibles que permitirá construir en parajes naturales protegidos con el objetivo, según la consejería de Medio Ambiente, de ” potenciar el desarrollo económico de las zonas rurales”. El disparatado anteproyecto promueve, a juicio de la FRAVM, la destrucción de suelo natural y el crecimiento horizontal, una apuesta más por el ladrillismo que provocó la crisis que padecemos en la actualidad y un modelo de movilidad basado en el vehículo privado.

El anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles: un despropósito más del Gobierno de la Comunidad de Madrid
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El anteproyecto pretende regular la edificación de viviendas unifamiliares de una planta en suelos no urbanizables, tanto si están protegidos como si no lo están. Contempla dos situaciones.

  1. En suelo rural protegido por una ley sectorial: siempre que la parcela tenga una superficie superior a 10 hectáreas.

  2. En suelo rural sin protección o protegido por el planeamiento: siempre que la parcela tenga una superficie superior a 5 hectáreas.

La implantación podrá llevarse a cabo, en el segundo caso, previa obtención de la licencia municipal y, en el primer caso, mediante el procedimiento de la calificación rural sostenible, que concede la administración regional. Esta calificación también se podrá solicitar en el supuesto de que el ayuntamiento no resuelva la concesión de la licencia en el plazo de tres meses. Cuando el proyecto contemple más de un vivienda en varias parcelas, se tramitará un plan especial de viviendas rurales sostenibles.

El artículo 6 relaciona las obligaciones de los propietarios de las viviendas rurales dirigidas a atenuar el impacto medioambiental de las construcciones: conservar el arbolado, utilizar materiales integrados en el paisaje…

Para la FRAVM, el anteproyecto constituye un paso más en la estrategia sistemática que viene siguiendo el gobierno de Esperanza Aguirre para desmontar por la vía de los hechos consumados la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, una ley ya de por sí bastante neoliberal.

Esta Ley permite ya (artículo 29.3.a) la construcción de viviendas en suelos no urbanizables siempre que tengan carácter accesorio a las explotaciones (agrícola, ganadera, forestal…) que en ellos se desarrollen. Se exigen dos requisitos: la autorización municipal y la calificación urbanística regulada en el artículo 147.

Pues bien, considerando esta posibilidad, tenemos que el anteproyecto de un plumazo abre las puertas a tres atropellos:

  • Construir viviendas sin más en los suelos rurales, incluso en los protegidos, desvinculándolas de las explotaciones.

  • Vulnerar la autonomía y competencias de los ayuntamientos en el gobierno del urbanismo de sus respectivos territorios.

  • Rebajar el alcance de los instrumentos legales sobre los que encauzar las actuaciones (basta una licencia, en lugar del procedimiento de la obtención de la calificación urbanística).

La exposición de motivos del anteproyecto empieza con una frase antológica: “Una aspiración de los ciudadanos hoy en día es la de poder vivir en el campo y trabajar en la ciudad. La presente Ley de Viviendas Rurales Sostenibles responde a ese anhelo de los madrileños por vivir en entornos menos urbanizados en contacto con la naturaleza”. Realmente, alguien en su sano juicio, ¿puede creer hoy que el anhelo de los madrileños es tener su chalecito en el campo? Más bien, ese, ahora, será el anhelo de la minoría social privilegiada.

Pero el fondo de la cuestión nos lleva a dos asuntos de capital importancia. El primero, una de las terribles consecuencias medioambientales de la borrachera inmobiliaria de los últimos años fue la práctica de la ocupación indiscriminada de terrenos vírgenes, haciendo crecer la huella urbana sin límite. De tal modo, por una parte, se destruye suelo natural (urbanización, construcciones, carreteras, infraestructuras…) y, por otra parte, el crecimiento horizontal es la apuesta por un modelo de movilidad basado en el vehículo privado, con el consiguiente gasto energético y la emisión de contaminación atmosférica.

El segundo asunto es la reincidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la idea descabellada de que el suelo no urbanizado es residual, de que el suelo de verdad es el que sirve de soporte a las edificaciones. Gracias a esa idea, las administraciones se han dedicado a calificar y recalificar terrenos para ser construidos. Detrás de esa tremenda insensatez está la especulación inmobiliaria de los últimos años y las prácticas corruptas que han ensuciado la vida política.

La mayor gravedad de la crisis económica española es culpa del ladrillismo. El Gobierno regional parece no solo no haber aprendido nada, sino que quiere seguir el mismo camino que nos ha llevado al desastre.

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