Estas entidades ciudadanas, a las que se han sumado las asociaciones de mujeres Monserrat Roig y Marcela Lagarde y los partidos IU y PSOE de la localidad, reflejan en su escrito la indignación, hartazgo e inquietud del vecindario ante un problema que ha obligado a la Consejería de Transportes a cerrar, al menos durante tres meses, las cinco estaciones de la Línea 7b (Metroeste) que se encuentran en el pueblo.
Los colectivos sociales recuerdan que desde su inauguración, en 2007, la Comunidad de Madrid se ha visto obligada a cerrar tramos de esta línea a su paso por San Fernando en tres ocasiones para “intentar paliar la desesperante situación técnica (filtraciones, sepiolita, desajustes de aparatos de vía y de instalaciones, etc.)” de las instalaciones. La sección sindical de UGT para Metro habla de la existencia de grietas, filtraciones de 5.000 metros cúbicos de agua al día, movimientos en el túnel y en las estaciones y sales que degradan las instalaciones afectando a su seguridad. El problema es de tal magnitud que la Consejería lleva siete años realizando labores de consolidación del terrenosin lograr la solución definitiva que reclaman los vecinos y vecinas. Por ende, “no olvidemos que cada obra acometida para subsanar estas deficiencias viene acompañada de un importante gasto económico. Coste que no paga, precisamente, el Partido Popular o la ex presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que fue la que proyectó y mal gestionó estas obras sacando un beneficio electoral”, se quejan con amargura las citadas organizaciones.
Ahora le ha tocado el turno al complejo del colegio El Pilar y a la escuela infantil El Tambor, cuyas grietas han obligado a desalojar a sus 95 niños. “Pero recordemos que estos no son los únicos edificios afectados en el municipio”. Viviendas de otras zonas de San Fernando de Henares ya han padecido la misma situación. “Situación que costó, nuevamente, un importante desembolso económico a sus propietarios”, puede leerse en el comunicado. El Ayuntamiento cifra en 300 el número de hogares que han sufrido grietas de diferente consideración como consecuencia de las obras del metro. Para el movimiento ciudadano, “al final los grandes damnificados somos los de siempre. Por un lado, los servicios públicos municipales, que tienen que sufrir traslados a otros edificios que muchas veces carecen de condiciones idóneas, tanto para los usuarios como para sus trabajadores. Y de otro lado, el vecino con vivienda dañada que tiene que sufrir las obras o en algunos casos el cambio de domicilio con lo que ello conlleva”.
Pero en la nota no solo se critica la actuación del Gobierno regional. “También hemos de destacar la pasividad por parte del actual equipo de Gobierno [municipal] que, desde agosto, que aparecieron las primeras grietas en el colegio El Pilar, ni tan siquiera ha informado de la evolución del proceso ni de las gestiones realizadas para la solución del problema”.
Por ello, haciéndose eco de la demanda de la vecindad de San Fernando de Henares, las asociaciones vecinales y de mujeres, IU y PSOE exigen “información puntual a los distintos órganos de representación política y ciudadana del desarrollo de los acontecimientos” y a la Comunidad de Madrid el “máximo apoyo a los vecinos y entidades damnificadas tanto económica como técnicamente”. Además, requieren “la garantía de que las obras que se van a acometer aseguren que no se volverán a repetir los deterioros tanto en viviendas como en instalaciones públicas” y solicitan “la adopción de las medidas oportunas en la infraestructura de la Línea 7b de Metro de manera definitiva, que eviten tanto los molestos e inadmisibles cierres de la línea así como la “sangría económica” para las arcas públicas que suponen estas obras”.
