Hace unos días, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso presentó con mucho fuego de artificio un plan de choque con 10 medidas para afrontar el grave problema de la vivienda en la Comunidad de Madrid. Aunque defendió el carácter novedoso de las medidas, que serán implantadas en 2024-2025, en realidad no vendió más que humo. Estamos ante un decálogo que reproduce las políticas del Gobierno autonómico de los últimos años y que ha generado unos muy pobres, cuando no desastrosos, resultados.
De manera resumida, el decálogo de Ayuso consiste en más rebajas fiscales a la compra de vivienda, mayores avales para la solicitud de préstamos hipotecarios, desregular aún más la legislación del suelo, una subida importante del precio y las rentas de alquiler de las viviendas protegidas, la aprobación de un nuevo reglamento de vivienda protegida y la creación en Madrid “del mayor hub de industrialización de la vivienda de toda España”. Poco más contiene el plan.
¿Dónde están entonces esas “nuevas medidas para consolidar el liderazgo de la Comunidad de Madrid en la construcción de viviendas asequibles” que anunció el Gobierno regional? “No las vemos por ninguna parte”, se lamenta la Plataforma en defensa del derecho humano a la vivienda en la Comunidad de Madrid, un espacio formado por 15 grandes organizaciones sociales que se puso en marcha el pasado mes de octubre con el fin de impulsar soluciones a la emergencia habitacional que padece la región.
El nuevo plan del Ejecutivo autonómico nada dice de la necesidad de incrementar el raquítico parque público de viviendas sociales en alquiler, que apenas representa un 1% de las viviendas de la comunidad autónoma, cuando la media europea es del 9%. Y tampoco de obligar a los promotores a desarrollar los suelos calificados para construir viviendas protegidas, dos medidas que sí servirían para ampliar la oferta de viviendas asequibles. Donde sí se vuelve concreto el plan es en la actualización de los precios de los módulos de la vivienda protegida. ¿Era necesario realizar esta subida en estos momentos en los que el acceso a una vivienda digna está vetado para cada vez más familias y personas en la región?
Según datos de enero del portal Fotocasa, Madrid es la comunidad autónoma con el precio de la vivienda en alquiler más elevado de España (17,63 euros el metro cuadrado, 1.410 €/mes para un piso de 80 m²) . Respecto a la compraventa, el precio de la vivienda se ha incrementado un 12,8% y tras Baleares, con 3.852 euros el metro cuadrado, es hoy la comunidad autónoma más cara.
La plataforma destaca otras ausencias clamorosas en el plan de choque, como medidas para regular las viviendas turísticas con el fin de cercenar su efecto inflacionista sobre los alquileres o actuaciones para enmendar los pobres resultados del Plan Vive, a través del cual la Comunidad de Madrid cede suelo público a las empresas para que hagan negocio con las viviendas.
Además, subraya el hecho de que el Gobierno regional destina a políticas de vivienda apenas un 0.5% del PIB de la comunidad. El capítulo de vivienda de los presupuestos autonómicos de 2024 tan solo contempla 517 millones de euros sobre un total de 27.500 millones de euros, un ridículo 1.8%. ¿Cómo fomentar la vivienda asequible con un presupuesto tan escaso?
Pero además, aproximadamente el 65% de esos 517 millones procede de fondos europeos o de las arcas estatales. La Comunidad de Madrid no solo dedica poco dinero a la vivienda, sino que buena parte de este dinero procede de otras administraciones, de forma que su papel es el de mera intermediaria, un papel que a menudo ni siquiera hace bien, como ha sucedido con el enorme retraso en el pago del Bono Alquiler Joven a los y las solicitantes.
En su presentación del plan de vivienda autonómico, la presidenta reiteró la conocida posición insumisa de su Gobierno a aplicar la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada por el Parlamento español, en particular las disposiciones referidas a la declaración de zonas tensionadas a fin de establecer un límite máximo a las rentas de alquiler. Frente a esta postura, que la plataforma considera inaceptable, los ayuntamientos de cinco grandes ciudades de la región (Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla y Ciempozuelos) han solicitado al ejecutivo de Ayuso que las declara zonas de mercado residencial tensionado con el fin de poder controlar unos precios hoy disparados, que no hacen otra cosa que expulsar, a lugares cada vez más alejados, a la población residente.
La Plataforma en defensa del derecho humano a la vivienda en la Comunidad de Madrid está formada por Amnistía Internacional, ATTAC, CAES, CCOO, Consejo de la Juventud, CECU, Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda, Cuarto Mundo, Foro Ser Social, FRAVM, Fundación San Martín de Porres, Plataforma Luz y UGT.
Estas son las 7 demandas básicas que sirvieron para ponerla en marcha:
1. La aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda que permita el acceso a una vivienda asequible para toda la ciudadanía, estableciendo medidas eficaces y obligaciones exigibles ante las administraciones públicas.
2. La aplicación de la Ley Estatal de Vivienda en toda su amplitud y con especial atención y urgencia en puntos como la declaración de zonas de mercado tensionado y desarrollo de convenios de aplicación de programas del Plan Estatal de Vivienda con gestión transparente y aplicación eficiente, garantizando que se utilizan la totalidad de fondos estatales disponibles para la Comunidad de Madrid.
3. El compromiso firme, reflejado en porcentaje anual, de incremento importante, urgente y progresivo del parque de vivienda social. Reclamamos que desde las competencias autonómicas se adopten las medidas necesarias para incorporar al parque público madrileño las viviendas de titularidad Sareb.
4. Las administraciones públicas deben prevenir y garantizar que en ningún caso se producirán desalojos sin alternativa habitacional. En los procedimientos de desahucio, el órgano judicial asegurará el cumplimiento de dicha garantía y la existencia de alternativa antes de acordar cualquier lanzamiento.
5. La despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante de su vivienda.
6. La creación de un órgano supervisor, la Agencia de Protección al Consumidor, y la aprobación de un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones.
7. El cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en la Cañada Real, y facilitando la suscripción de contratos de energía.
