Hace aproximadamente un año, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS, incluyó los campos electromagnéticos (CEM) como posible elemento cancerígeno, un argumento de peso que, según la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), se une a diferentes resoluciones del Consejo y Parlamento europeos para que los Estados tomen medidas de urgencia destinadas a informar y proteger a la población de sus efectos negativos. La plataforma, que está compuesta por asociaciones de personas afectadas por los campos electromagnéticos, colectivos de personas electrohipersensibles (EHS), organizaciones ecologistas y asociaciones vecinales, la FRAVM entre ellas, subraya este hecho en un comunicado que ha hecho público de cara a la celebración, el próximo 24 de junio, del Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Una nota en la que, amén de criticar a los poderes públicos por su inacción en el control de este tipo de polución, festeja la creciente actividad de la coordinadora ciudadana en su labor informativa sobre “los riesgos de los CEM artificiales generados por estaciones base de antenas de telefonía móvil, líneas de alta tensión, transformadores, WiFi, WiMax, sistemas SMART, etc., reivindicando un marco normativo que tenga la salud como eje central y proponiendo alternativas a las tecnologías inalámbricas en viviendas, centros de enseñanza, puestos de trabajo, bibliotecas, teatros, escuelas de música, centros cívicos, transporte público, centros de salud, hospitales, parques, plazas, calles, playas, etc”.
Cuando se cumple el cuarto año de la campaña, impulsada por la PECCEM; para lograr un acceso seguro a Internet mediante cableado en los centros escolares y el desmantelamiento de las redes WiFi ya instaladas, la plataforma critica “la falta de responsabilidad de los distintos ministerios (Educación, Sanidad, Industria, etc.) y entidades autonómicas y de otra índole (Asociación Española contra el Cáncer,por ejemplo) que siguen negando los riesgos y atendiendo únicamente a los intereses industriales de las operadoras y las eléctricas”. Los colectivos sociales advierten incluso que “nuestras autoridades sanitarias y administraciones públicas competentes en materia de protección de la Salud Pública pudieran estar cometiendo delitos contra la salud pública por estar incumpliendo diversos artículos de la Ley 33/2011 General de Salud Pública (derecho de la población a ser informada sobre factores de riesgo ambiental tales como las radiaciones EM especificadas en esta ley, incumplimiento de las obligaciones contraídas por las administraciones competentes de proteger la salud pública, así como el sistemático desprecio del Principio de Precaución también recogido en la Ley)’.
Por todo esto, en vista de “la colaboración que las autoridades públicas siguen prestando al despliegue masivo de nuevas fuentes de CEM, llegando incluso a financiarlo con dinero público”, la PECCEM, además de la campaña WiFi No en la escuela, enfocada a la protección de la salud de los niños y niñas, y la campaña “contra el despliegue masivo” de este tipo de redes en espacios públicos y “contra el empleo de fondos públicos para financiarlo”, destaca en su comunicado otras iniciativas más novedosas como la “campaña contra la imposición de sistemas SMART / “inteligentes” (contadores “inteligentes” de agua, gas y electricidad, pavimentos inteligentes, etc.). Esta imposición de sistemas de radiación generalizada es contraria a todas las recomendaciones de los científicos y expertos independientes que, sobre una base científica, alertan de la contaminación ambiental que suponen las radiaciones no ionizantes artificiales en toda su gama espectral”, sostienen.
Además, la PECCEM desarrolla desde hace tiempo una iniciativa prolongada sobre la Electrohipersensibilidad (EHS), ya que “toda la población a nivel mundial está en riesgo de desarrollar esta discapacidad funcional debido a la gran explosión y expansión del despliegue masivo y caótico de sistemas inalámbricos productores de campos electromagnéticos derivados de las radiofrecuencias utilizando el rango de las microondas pulsadas por las muy bajas frecuencias”. Los científicos e instituciones internacionales (Resolución 1815 del Consejo de Europa, Seletun Appel, ver punto 10) nos alertan de la urgencia de adoptar medidas preventivas y de reconocer la EHS como Discapacidad Funcional, como está reconocida en Suecia, a fin de poner fin a la discriminación social, laboral y sanitaria que destroza la vida este creciente colectivo de afectados por los CEM”. En Suecia, las personas con electrohipersensibilidad han pasado de ser el 0,63% de la población, en el año 1995, al 9%, en el año 2004. En Austria, por su parte, el porcentaje ha subido del 1,5% en 1995 al 13,3% en 2003. En Alemania ya hay más de 7 millones de personas EHS y, los científicos independientes calculan que en el año 2017 la mitad de la población mundial podría experimentar en algún grado la EHS si no adoptamos medidas para impedirlo. “Las personas EHS, en sus reivindicaciones, están defendiendo la salud y el futuro de toda la población, porque la mayoría de las personas que manifestarán la EHS serán los niños-as de hoy”, concluye la PECCEM en su nota.
Puedes descargarte aquí el comunicado completo de la Plataforma, que incluye numerosas referencias bibliográficas, enlaces web y otro tipo de información adicional.
