La Plataforma Mayores en Acción, que se presentó en público con una concentración llevada a cabo en la Puerta del Sol el pasado 15 de marzo, vuelve a salir a la calle para denunciar la “última agresión del Gobierno a los mayores”: el Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, que adelanta 14 años –del 2027 al 2013- la publicación del estudio sobre la viabilidad futura del Sistema Público de Pensiones.
“El Gobierno aseguró que no iba a tocar las pensiones, pero hay muchas manera de hacerlo y, de hecho, lo están haciendo”, asegura Manuel Doblado, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ya que el referido estudio tiene como objetivo “crear dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y avanzar en el proceso de desligar la obligación del Estado en su pago de manera que se sostenga únicamente en las llamadas cotizaciones sociales de los trabajadores en activo”. Esta estrategia, en un contexto marcado por un paro juvenil que supera el 50% y un mercado laboral que prescinde cada vez más de los trabajadores de mayor edad, dará lugar, advierte, a un corralito. Además, la alarma que está generando el Estado sobre la sostenibilidad del pago de las pensiones basándose en la estabilidad presupuestaria y la deuda pública es una falacia, toda vez que la Seguridad Social es una institución autónoma que no se contabiliza en el presupuesto del Estado y, por tanto, no contribuye al déficit.
La estrategia del Ejecutivo, sometida al imperativo de la contención del gasto, afecta no solo a las personas jubiladas. Prueba de ello es el endurecimiento de los requisitos que deben cumplir las personas mayores de 55 años para acceder al subsidio tras agotar la prestación por desempleo. En adelante, rechazarán las solicitudes de las personas que formen parte de una unidad familiar cuyas rentas, divididas por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Dejarán de tener derecho a subsidio, por ejemplo, los parados mayores de 55 años que vivan con un cónyuge o hijo menor de 26 que cobre más de 967 euros mensuales o con dos familiares, cada uno de los cuales cobre más de 725 euros al mes. La medida, advierte Doblado, “privará de ese derecho al 20% de los nuevos solicitantes”.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid suma a éstas nuevas agresiones. Es el caso de la decisión del Ejecutivo autonómico de aumentar de forma muy sensible el copago de los 600 pisos tutelados de mayores que recoge la Ley de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012. La mayoría de los beneficiarios afectados, que cobran pensiones de entre 300 y 400 euros, deberán abonar por vivir en estos pisos el 25% de sus ingresos, una subida que en algunos casos representa un incremento de hasta del 10%.
Suma y sigue: además de los negros nubarrones que se ciernen sobre la Ley de Dependencia y los Servicios Sociales (teleasistencia, ayuda a domicilio, etc.), hay decenas de miles de mayores afectados por la estafa de las preferentes, cuyos intereses no están defendiendo las administraciones públicas dejandoles en una situación de absoluta indefensión.
Forman parte de la Plataforma: la Federación de Pensionistas y Prejubilados (FEMAS), Veteranos del 15M, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Mayores Siglo XXI, Federación Regional de Pensionistas de CCOO, Organización Social de Mayores IU (estatal).
