La Coordinadora de Vivienda de Madrid (conformada por la PAH y los grupos de vivienda del 15M), la FRAVM y la Asociación Libre de Abogados (ALA), promotoras de la ILP, se darán cita a las 12:00 en la Puerta del Sol para iniciar la campaña de adhesiones a una propuesta que persigue garantizar el acceso a una vivienda digna y a los suministros energéticos de todos los madrileños y madrileñas. Miembros de estas entidades informarán mañana a la ciudadanía sobre el contenido de su iniciativa y pedirán su apoyo en forma de rúbrica. El acto supone el pistoletazo de salida de una campaña en la que los grupos impulsores están obligados a reunir 50.000 firmas en tres meses, es decir, antes del 26 de mayo. Pero esperan superar esa cifra con creces.
Tras registrar esas 50.000 adhesiones, la Asamblea de Madrid votará la admisión a trámite de la ILP y, de hacerlo, abrirá un periodo para que los grupos políticos la debatan, presenten alegaciones y voten su aprobación. Por eso, resulta fundamental que los partidos con representación en el parlamento regional, como mínimo, consientan su tramitación. Con este objetivo, miembros de los grupos promotores han cerrado esta tarde con Podemos la primera ronda de contactos con representantes de las formaciones políticas. Lo han hecho con Marco Candela, su portavoz de Vivienda, quien ha dejado clara la intención del partido morado no solo de admitir la ILP para que sea debatida sino de defender la aprobación de su contenido.
El PSM-PSOE, a través de su portavoz de Vivienda Daniel Viondi y de la concejala del Ayuntamiento de Madrid Mercedes González, en un encuentro que tuvo lugar el pasado 3 de marzo, también ha trasladado su plena disposición y compromiso de votar a favor de la toma en consideración de la iniciativa, aunque se reserva el derecho de presentar después alguna enmienda.
Ciudadanos, por su parte, aún no tiene clara su postura. El lunes 6 de marzo, los diputados Juan Rubio Ruiz y Alberto Reyero se comprometieron a estudiar la ILP para, al menos, permitir que sea tramitada en sede parlamentaria, aunque expresaron su preocupación por el impacto económico que podría tener la ley en el caso de ser aprobada. La PAH, la FRAVM y ALA tienen la esperanza de que el partido de Albert Rivera apruebe la admisión a trámite del proyecto, tal y como ya han hecho con iniciativas similares en Cataluña y Valencia, aunque después promuevan cambios en su contenido.
Finalmente, José Luis Fernández Quejo del Pozo, portavoz de Vivienda en la Asamblea y Eusebio González, director del Área Social de la Agencia de Vivienda Social, en nombre del Partido Popular, mostraron el 1 de marzo interés en estudiar la iniciativa, adelantando que su partido podría estar de acuerdo en algunos aspectos. Así, valoraron positivamente el carácter universal de la propuesta de ley, ya que no solo se dirige a los sectores más vulnerables sino al conjunto de la población madrileña. De todas formas, alertaron de la posible falta de competencias autonómicas para legislar lo que proponen la PAH, ALA y la FRAVM. El encuentro, que se mantuvo en un ambiente cordial, al igual que se desarrollaron las demás reuniones con los otros partidos, se cerró con el compromiso de los populares de discutir el contenido de la ILP una vez que se hayan recogido las 50.000 firmas preceptivas. Al igual que C’s, sus responsables no adelantaron si admitirán a trámite la ILP.
Tras esta primera ronda de contactos, los grupos motores de la iniciativa se centrarán ahora en extender todo lo posible su campaña, llevando a cada rincón de la región una mesa de recogida de firmas. A día de hoy hay confirmados 80 puntos de recogida, que se pondrán en funcionamiento en los próximos días.
Recordemos que la ILP persigue garantizar en nuestra Comunidad Autónoma el derecho de todas las familias a desarrollar su vida con el mínimo indispensable: una vivienda digna y unos suministros de agua y energía básicos. Además, prevé distintas medidas para facilitar el acceso a la vivienda pública y fomentar la función social de la vivienda, con dos objetivos: paralizar los desahucios y poner en circulación las cerca de 265.000 viviendas vacías existentes en la región para destinarlas al alquiler social. Algunas de las medidas afectan a los grandes tenedores de vivienda, como los bancos o los fondos de inversión, para prevenir lo que el texto llama “uso antisocial de la vivienda”, que se concreta en cosas como mantener viviendas vacías durante seis meses sin otro fin que el de especular. La ILP establece sanciones económicas de hasta 600.000 euros y la “cesión forzosa del uso de la vivienda vacía, para su inclusión en el Parque de Vivienda durante el tiempo que dure la sanción”, ante este tipo de infracciones muy graves.
Además, la ley incluye un apartado para prevenir los cortes de suministros y utiliza al máximo las competencias autonómicas en consumo para frenar los abusos bancarios cometidos con las hipotecas. La norma prevé la creación de una Agencia de Protección al consumidor con capacidad de investigar y sancionar las conductas abusivas de los bancos tipificadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como otras prácticas abusivas relacionadas con el acceso a la vivienda. La ILP también establece otra novedad: la participación de entidades sociales con experiencia en materia de vivienda, como la FRAVM o la PAH en el organismo principal de gestión de la vivienda pública en la comunidad autónoma, la Agencia de Vivienda Social.
