La plataforma recuerda que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital presentó en abril un informe del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud auspiciado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), que “ningunea los miles de estudios científicos que constatan los riesgos de los campos electromagnéticos (CEM) en la salud y las recomendaciones institucionales proteccionistas”.
Por eso, la PECCEM, que está formada por grupos vecinales, ecologistas, de consumidores y de defensa de la salud, y la asociación de Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS), reclaman prudencia y rigor en la difusión de un informe “sesgado sin consenso internacional y con notables y constatables incongruencias”.
A tenor de los colectivos sociales, el Gobierno del PP, a través del citado ministerio, ha apostado por una organización opaca privada, el CCARS, “sesgada por un criterio lobista empresarial, sin el más mínimo control ético ni de legalidad democrática”. El CCARS no figura entre los organismos públicos de investigación regulados por ley, ni cumple con los requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios.
El Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, editor del informe del CCARS, por su parte, “no tiene como objetivo estatutario la defensa de la salud, sino sus intereses gremiales y, por extensión, de los lobbies empresariales relacionados, colisionando con su propio código deontológico al asesorar en competencias ajenas”. Por ende, el Ministerio de Energía invade las competencias de coordinación en prevención y protección ambiental del Ministerio de Sanidad (y de las comunidades autónomas), sobre el “impacto potencial en la salud de la exposición a emisiones electromagnéticas”, como la aplicación del principio de precaución, que contempla limitar o prohibir una actividad “cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo” (Real Decreto 1066/2001: Art. 7, Art. 3, 12 y 31 de la Ley General de Salud Pública del 2011)
Pero lo más grave, según la PECCEM, es que el informe del CCARS “niega y banaliza miles de estudios científicos, acreditados en esta materia, desdeñando las llamadas al principio de precaución y mostrando una urgencia desmesurada por zanjar un tema que sigue acumulando evidencias científicas. La desinformación del informe del CCARS impulsado públicamente por el COIT, manifiesta el conflicto de interés a favor de intereses industriales cortoplacistas, que allanan el despliegue de redes 5G y la expansión desregulada de redes y dispositivos inalámbricos, en detrimento de opciones tecnológicas biocompatibles a partir del cable y el LI-FI”.
Recordemos que la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS clasificó en 2011 los CEM de radiofrecuencias como posible cancerígeno y su director hizo un llamamiento a aplicar “medidas pragmáticas” para reducir su exposición, mientras que el Informe BioInitiative (revisión bibliográfica de más de 4.000 estudios) en su actualización del 2014 y en 2016, incide en que ya existen pruebas suficientes de riesgo de cáncel para el ser humano.
En 2015, en un llamamiento Internacional a la OMS y a la ONU, 225 científicos y expertos de 41 países, con artículos revisados entre pares sobre los efectos biológicos o sobre la salud de los CEM, junto a llamamientos previos, solicitaron protección ante unas radiaciones que “afectan a los organismos vivos muy por debajo de las directrices internacionales y nacionales”, además del “aumento de riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, déficit en el aprendizaje y la memoria, trastornos neurológicos y efectos negativos en el bienestar general de los seres humanos”.
La negación de la electrohipersensibildad del informe CCARS se respalda en un efecto nocebo descartado por la comunidad científica independiente (2015, 2016) ante métodos más objetivos como la imagen médica y los marcadores biológicos en sangre. “El negacionismo vulnera derechos y libertades de las personas afectadas, como recoge el punto 2.8 y 3 del dictamen del 2015 sobre hipersensibilidad electromagnética de la Sección TEN del Comité Económico y Social Europeo (CESE)” insiste la PECCEM.
Precedida de otras resoluciones (Agencia Europea de Medio Ambiente –2007, 2009, 2013-, Parlamento europeo –2008 y 2009-, …), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) en su Resolución 1815, en 2011, solicitó aplicar el principio de precaución ante los efectos biológicos para la salud de los CEM (especialmente de los dispositivos inalámbricos -móviles, Wi-Fi, …- en la población infantojuvenil), recomendaciones recogidas y reforzadas en el dictamen sobre “hipersensibilidad electromagnética” de la Sección TEN del CESE en 2015.
Si miles de médicos y más de 17 agencias gubernamentales de salud apoyan la reducción de la exposición a la radiación inalámbrica del teléfono móvil, diferentes países ya aplican alguna medida, como prohibir las redes Wi-Fi y las tecnologías inalámbricas en escuelas infantiles para proteger a la infancia (Francia, Chipre y municipios como Hospitalet de LLobregat), o implantar sistemas de comunicación con luz visible –LIFI- (Hospital de Perpiñán).
Por todo lo anterior, la PECCEM y EQSDS requieren al Gobierno central y a sus ministerios que “dejen de avalar actos y organizaciones de interés de parte, que vulneran ética y legalidad, y dar comienzo a un proceso participativo de las partes implicadas que proceda a una regulación proteccionista de la contaminación electromagnética para compaginar tecnología y salud”.
