La protesta, que se iniciará a las 12:00, tendrá lugar mientras el pleno de la Asamblea discute y vota las enmiendas a una propuesta legislativa que modifica 33 leyes vigentes e introduce nuevas medidas que facilitan la destrucción de la naturaleza, desregulan el urbanismo y permiten la privatización y deterioro de diversos servicios públicos (como la sanidad o el transporte público), afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes.
Recordemos que el pasado 26 de febrero unas 5.000 personas se manifestaron en el centro de Madrid contra este proyecto legislativo del Gobierno de Ayuso, siguiendo el llamamiento de la plataforma, un espacio en el que participan asociaciones vecinales, ecologistas, juveniles, de transporte, sindicatos, ONG, colectivos por la sanidad pública y por el derecho a la vivienda y asociaciones en defensa del patrimonio. Seis días antes, el 20 de febrero, varios cientos de personas hicieron lo mismo en la 92ª Marea Blanca en defensa de la sanidad pública. No en vano, uno de los artículos más controvertidos de la Ley Ómnibus incluye la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria opaca y carente de control ciudadano.
El 19 de enero, la plataforma, de la que forma parte la FRAVM, registró en la sede de la Comunidad de Madrid 51.700 firmas de ciudadanos y ciudadanas que piden la paralización de la norma. Lamentablemente, ni estas firmas ni las 600 alegaciones ciudadanas presentadas en los siete días de información pública impuestos por el Gobierno regional en plenas navidades, han sido tenidas en cuenta en la tramitación de la ley.
Por eso, la plataforma lleva de nuevo su malestar a la calle. “No podemos permitir que salga adelante una norma de enorme trascendencia que supone un golpe durísimo contra el medio ambiente y servicios y derechos públicos”, asegura.
