En un comunicado que ha hecho público con motivo del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, la Cumbre Social asegura que “la crisis sanitaria que estamos padeciendo nos sitúa ante un escenario sin precedentes, con efectos en lo global pero con consecuencias devastadoras en lo local, en lo cotidiano, en lo que nos es cercano. Una crisis que nos golpea en lo económico, en lo laboral, en lo social y en lo personal. En ésta, nos jugamos la vida”, subraya.
La Cumbre Social, como espacio de confluencia de la sociedad madrileña organizada, nació para alzar la voz en torno a las consecuencias dramáticas de la crisis del 2008 y las políticas de austeridad aplicadas, tanto por el Gobierno de España como por el regional, en aquel momento, año 2012, al mando del Partido Popular. La Reforma Laboral, los recortes en materia sanitaria, educativa, en servicios sociales, en la atención a la dependencia, se convirtieron en la única fórmula de salida a una crisis económica injusta e injustificada.
Aquellas políticas y recortes abonaron un escenario de precariedad laboral y social que golpeó, especialmente, a la población más débil, aumentando trágicamente el desempleo, la pobreza y la exclusión. A la vez sirvió de justificación para imponer un modelo de gobierno y de Estado, completamente debilitado y al servicio de intereses mercantilistas, convirtiendo “nuestros derechos en oportunidad de negocio”, frase popularizada en aquella etapa y que hoy, desgraciadamente, sigue resultando actual.
La ciudadanía “continúa sufriendo las consecuencias de esas políticas ultraliberales, de las que la Comunidad de Madrid ha sido y es principal abanderada. En este momento, la virulencia de la crisis sanitaria ha demostrado la fragilidad de nuestra sociedad, de nuestros mecanismos de protección, incluso, de los más básicos y esenciales”, sostiene la Cumbre en su declaración ante el Primero de Mayo.
No en vano, somos la región más afectada por la pandemia. Según los últimos datos dinámicos, cerca de 60.000 personas infectadas, 35.800 recuperadas y la dramática cifra de 8.000 fallecidos, de los que más de 5.500 residían en centros residenciales de personas mayores. Son datos dolorosos, inasumibles.
“El principal objetivo hoy es frenar la expansión del virus, preservar la salud y salvar vidas. Sin embargo, el aunar fuerzas en la lucha contra la pandemia desde lo individual y lo colectivo, no nos debe restringir el derecho al análisis crítico de una gestión política de la crisis por parte del Gobierno de Diaz Ayuso que está resultando objetivamente pésima, frustrante e irresponsable, llegando, incluso, a escenas que rozan la parodia intolerable”, indican los colectivos de la red ciudadana.
“La sanidad madrileña, profundamente deteriorada tras años de recortes y planes privatizadores, se ha demostrado incapaz de absorber la ingente presión asistencial derivada de la pandemia. Una realidad trágica solo neutralizada por el empeño de miles de profesionales sanitarios que, una vez más, están demostrando su implicación, buen hacer, incluso, arriesgando su vida y la de su familia. La pérdida de más de 4.000 efectivos sanitarios en el periodo de post-crisis 2008 y la escasa inversión ha convertido a la red de protección más preciada por la ciudadanía en un auténtico “campo de minas” para los trabajadores y trabajadores de la sanidad pública madrileña.
“Se han puesto en evidencia las dramáticas insuficiencias de los instrumentos de atención a las personas mayores y dependientes, convirtiéndose en el epicentro de la crisis. Las consecuencias son insoportables y son la ejemplificación palpable del mercadeo sin escrúpulos. Pura y llanamente, vergüenza”, se queja la Cumbre Social.
Desde la sociedad organizada hemos denunciado reiteradamente la insostenibilidad de un sistema público de cuidados entregado a manos privadas sin más. Más del 75% de la red pública de atención residencial gestionada por empresas, muchas de ellas de dudosa reputación. “Miles de mayores y personas dependientes fallecidas, familias destrozadas, trabajadoras precarizadas que se dejan la piel en paliar lo imparable, son suficientes motivos para abordar una reflexión profunda que culmine en una transformación global del modelo, tanto de atención como de gestión”, afirma.
“El combate contra la pandemia nos encamina a una crisis económica de gran impacto social. A las desigualdades preexistentes, de componente estructural, injustificadas en la región más rica de España se suman los efectos de miles de cierres de empresas, suspensiones de actividad, arrastrando a miles de trabajadores y trabajadoras a la incertidumbre, al desempleo y a la desprotección. Todo indica que la pérdida de empleo va a ser histórica con más de 77.000 ERTES presentados y una grave disminución de la ocupación. Y una vez más, las débiles costuras de la protección no soportan la presión. La brecha digital que afecta al alumnado madrileño evidencia fuertes desigualdades”.
Por otro lado, “la Comunidad de Madrid mantiene un derecho subjetivo como la Renta Mínima de Inserción, desde hace décadas, sometido a fuertes restricciones y limitaciones. Con 106.000 personas perceptoras de la RMI, estamos muy lejos de cubrir, ni tan siquiera, las necesidades de las más de las 300.000 personas en pobreza severa en la región”, asegura.
La Cumbre Social de Madrid en el acto organizado para conmemorar el 35 Aniversario del Estatuto de Autonomía hace un año, exigía que nuestra “carta magna regional” abordara un blindaje de nuestros derechos de ciudadanía, situando el empleo digno y el refuerzo de los sistemas de protección social, como los principales garantes de la democracia y la justicia social. En este Primero de Mayo, esa exigencia es más necesaria que nunca para rescatar a las personas y para la imprescindible e inmediata reconstrucción económica y social de nuestra región.
