Continúa la pesadilla de las viudas del Poblado Dirigido de Orcasitas (Usera), uno de los barrios más modestos de la capital, por causa de una Administración empeñada en ejecutar de manera ciega sus propios procedimientos. Así, la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sigue reclamando a decenas de sus familias la devolución del complemento de mínimos de la pensión de viudedad. Se trata de hogares que, junto a otros miles del barrio, percibieron en 2021 una subvención del Ayuntamiento de Madrid para rehabilitar sus viviendas. Pues bien, a pesar de dos sentencias en contra del Tribunal Supremo y de las reclamaciones interpuestas por las afectadas a instancias de la FRAVM y de la asociación vecinal del lugar, la Dirección del INSS sigue considerando esa subvención como una ganancia patrimonial que, sumada al complemento de mínimos de la pensión de viudedad, supera el tope establecido en los Presupuestos Generales del Estado. Y por este motivo continúa enviando cartas a vecinas de Orcasitas y de otros barrios con características similares exigiendo el reintegro de cantidades que llegan a los 4.000 euros.
En realidad, la subvención municipal no la reciben las familias, sino que es concedida a las comunidades de propietarios de los edificios y su importe se debe destinar íntegramente a la realización de las obras. Los hogares no reciben cantidad alguna y no pueden disponer de ese dinero bajo ningún concepto. Literalmente ni lo ven.
Por otra parte, como su propio nombre indica, el complemento de mínimos de la pensión de viudedad la reciben personas cuyos ingresos son muy bajos y que, en consecuencia, se hallan en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo es posible que la Seguridad Social actúe con esta falta de humanidad?
En diciembre de 2023 y en febrero de este año, a propósito de casos similares, el Tribunal Supremo dictó sendas sentencias en las que falla que no procede que la Seguridad Social reclame cantidad alguna a las personas perceptoras del complemento de mínimos y de otras ayudas de parecida índole. Ambos fallos consideran que las ayudas a la rehabilitación recibidas por sus comunidades de vecinos no computan a estos efectos como una ganancia patrimonial y que la situación de pobreza de las tales personas se mantiene. Más aún, las sentencias hacen hincapié en que es la comunidad de propietarios quien destina el dinero de las subvenciones a rehabilitar la vivienda habitual.
Causa desasosiego e impotencia el hecho de que, a pesar de existir esas sentencias del Supremo, la Dirección Provincial del INSS de Madrid insista en reclamar unas cantidades que sabe que no debe reclamar. Más aún, causa perplejidad el hecho de que esta administración se ensañe de tal manera con personas muy vulnerables, que en este caso concreto son en su mayoría mujeres viudas de más de 80 años.
Por ello, tanto la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) como la Asociación Vecinal Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas, que ayudan en estos momentos a las vecinas afectadas a realizar reclamaciones al INSS para no perder los complementos de mínimos de sus pensiones, exige al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga fin a esta pesadilla y deje de computar como ganancias patrimoniales las ayudas a la rehabilitación que perciban familias de rentas modestas. Al mismo tiempo, recuerdan su vieja reinvindicación de que estas subvenciones, tal y como sucede con aquellas que cursan las comunidades autónomas con fondos europeos, queden exentas de tributar en el IRPF.
Nuevo escrito al Defensor del Pueblo
Ante la inacción del Estado en este asunto, esta mañana la FRAVM ha enviado al Defensor del Pueblo un nuevo escrito en el que da cuenta de la nueva remesa de cartas de reclamación de la Seguridad Social que están percibiendo las viudas de Orcasitas. “El comportamiento de la citada Dirección Provincial no solo no se entiende, sino que causa un dolor cruel en las personas que reciben tales reclamaciones y ulteriormente ven cómo se les retiene el dinero en los abonos mensuales. Nunca se insistirá lo suficiente en la vulnerabilidad de estas personas, que, además de ser privadas injustamente de una parte de sus reducidos ingresos, se ven envueltas en un conflicto por el hecho de que la comunidad de propietarios ha decidido hacer unas necesarias obras de reparación, a las que ellas no se pueden negar”, puede leerse en el documento remitido a Ángel Gabilondo, que sirve de complemento de otro enviado el pasado mes de febrero.
