Recordemos que Valle-Inclán lleva 35 años trabajando desinteresadamente por el bienestar de esta zona de Chamartín, seis años desde el inmueble que ahora, su propietaria, la Consejería de Educación, pretende desalojar. A pesar de los esfuerzos de la asociación y de la FRAVM por buscar salidas a un problema que puede dejar malherido al colectivo ciudadano, la Comunidad de Madrid no ha hecho otra cosa hasta el momento que dar largas.
Tras una reunión con Bonifacio Alcañiz, director del Área de Madrid Capital de la Consejería de Educación que tuvo lugar el 28 de junio, éste se comprometió a dar una respuesta en dos días a las peticiones vecinales, entre las que se encuentran “una moratoria al desahucio del local y buscar otras formas de cesión, con posibles compensaciones”. Valle-Inclán, que no ha recibido aún noticias de Alcañiz, se reunirá mañana con responsables de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, organismo que, en última instancia, se encuentra detrás del desalojo del local ciudadano. Para Cavanna, presidenta de asociación de 2000 a 2009, la orden del Gobierno regional “es un ataque más al movimiento vecinal y requiere una respuesta. El desalojo es un nuevo recorte a los derechos sociales que afecta a toda la ciudadanía. No sirven los criterios puramente monetaristas ni el pretexto de la crisis, el local es imprescindible, por lo que seguiremos movilizando a los vecinos, denunciando lo que consideramos es obstaculizar la labor de esta asociación en su justa lucha por tener un barrio cada día mejor, fomentando una cultura participativa desde una perspectiva multicultural”. En la misma línea, Nacho Murgui, presidente de la FRAVM, indicó que “Hacienda ha dado orden de poner a su disposición todos los locales de las asociaciones de vecinos propiedad de las consejerías, pero ha cometido el error estratégico de comenzar el ataque por la parte más difícil, una asociación que tiene fuerza, presencia en el barrio, capacidad de movilización, y que va a poner muy difícil este primer asalto”. “Aquí nos jugamos mucho. No podemos permitir que con la excusa de la crisis hagan lo que les da la gana”, subrayó Murgui, antes de informar que mañana varias asociaciones vecinales que corren el riesgo de perder sus sedes se reunirán en la sede de la FRAVM para unir fuerzas y buscar una salida colectiva.
Esta capacidad se puso de manifiesto esta mañana con la presencia en el local de la calle Luis Cabrera de María Dolores del Campo, concejal del Grupo Municipal Socialista y de Laly Vaquero, diputada de IU en la Asamblea de Madrid. En un encendido discurso, Vaquero se mostró convencida de que la movilización ciudadana conseguirá parar el desalojo, porque “este local es nuestro, del patrimonio público, y aquí la única que no ha cumplido sus compromisos es la Comunidad de Madrid, mientras que la asociación los ha cumplido todos”. Por eso, continuó, “tenemos que defenderlo con uñas y dientes, hay que organizar una fuerte resistencia ya que estamos ante un ataque a la democracia del pueblo”.
Junto a las representantes de los partidos de la oposición, que prometieron hacer todo lo que está en su mano para que el Gobierno regional rectifique, expresaron su apoyo a Valle-Inclán el historiador de la UAM y vecino del barrio Jesús Izquierdo, así como el académico de la Real Academia de Farmacia Alberto Giráldez, que también trasladó la solidaridad de Carlos París, presidente del Ateneo de Madrid, y de Federico Mayor Zaragoza, presidente de la fundación Cultura de Paz y ex director general de la Unesco. Giráldez leyó una misiva de este último en la que considera la decisión de la Comunidad como “incomprensible e injustificable”. Por ello, ésta “debe reconsiderarla, comprometiéndose, en su caso, a buscar soluciones alternativas, para que la asociación pueda seguir trabajando por el barrio, con los vecinos y para sus vecinos”, concluye Mayor Zaragoza en la carta.
Cavanna terminó la comparecencia de prensa recordando los actos de protesta que la asociación tiene previsto organizar en los próximos días. El próximo sábado volverá a concentrarse en la plaza de Prosperidad, donde continuará con su recogida de firmas, un hecho que se repetirá el sábado siguiente. El día que finaliza el plazo para que la entidad abandone el local, el lunes 5, a las 19h, hará entrega oficial del local a la ciudadanía del barrio y el 13 de julio llevará de nuevo su protesta al pleno de la junta municipal del distrito.
