A día de hoy ya hay convocadas manifestaciones en una veintena de ciudades españolas con objeto de presionar al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para que el día 18 rectifique su posición inicial y vote en contra de la aprobación del CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), un tratado de libre comercio con Canadá similar al controvertido TTIP que se pretende firmar con EEUU.
Las organizaciones promotoras de las protestas, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, CECU, la Alianza contra la Pobreza, los sindicatos CCOO, UGT, CGT y COAG y partidos como Podemos, IU y Equo, entre otras muchas, critican la falta de legitimidad del ejecutivo español para firmar un acuerdo que no ha sido debatido ni votado previamente en el Parlamento. De hecho, como han denunciado los colectivos sociales en innumerables ocasiones, la falta de transparencia y de debate público se ha convertido en denominador común de las negociaciones de este tipo de tratados. Tanto el CETA como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y UE (TTIP) y el Acuerdo sobre Comercio de Servicios entre la UE, EEUU y otros 20 países, conocido como TISA por sus siglas en inglés (Trade In Services Agreement) se están discutiendo en la sombra, de espaldas a la ciudadanía, a pesar de sus graves consecuencias sobre la vida de esta.
Además de las marchas del día 15, la Campaña #NoalTTIP, en la que también participan organizaciones ciudadanas como la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona y la FRAVM, ha organizado un sin fin de actos en el marco de lo que han denominado “Otoño en resistencia: #niCETAniTTIP”. La mayoría tendrán lugar del 8 al 15 de octubre. La agenda completa, que incluye debates, concentraciones, asambleas, acciones de calle y otras acciones de denuncia, puede consultarse en el sitio webhttp://www.noalttip.org/otono16enresistencia/
Estas movilizaciones no solo persiguen el rechazo gubernamental del CETA sino también recordar que, a pesar de los reveses sufridos en los últimos meses, el TTIP no está muerto. Tal y como vaticina Tom Kucharz, portavoz de la campaña, “van a congelar las negociaciones del TTIP entre enero y septiembre de 2017 y le pondrán otro nombre para quitarle el lastre asociado a estas siglas”. Por ello, los movimientos sociales demandan el rechazo del tratado con Canadá y la paralización definitiva de los procesos de discusión sobre el TTIP y el TISA.
Gracias al impulso de la ciudadanía organizada, que lleva varios años denunciando el carácter antidemocrático y antisocial de estos acuerdos, la oposición pública a su implantación es cada vez mayor. Así, los parlamentos de las comunidades valenciana, extremeña y catalana ya han votado contra el CETA y al menos siete han hecho lo propio contra el TTIP, al igual que casi 200 municipios de todo el Estado español. 11 de estos, entre los que se encuentran Madrid, Alcalá de Henares, Leganés, Aranjuez, Getafe y Rivas, pertenecen a la Comunidad de Madrid.
Pero, ¿por qué nos oponemos al TTIP y al CETA?
Tal y como señala la Campaña #NoalTTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones es un acuerdo de libre comercio que la Unión Europea y EEUU negocian desde junio de 2013 y persigue bajar los aranceles (aunque éstos ya son bajos de por sí), liberalizar nuevos mercados y armonizar la legislación entre ambas potencias. Se centra sobre todo en los reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías de inversión y tiene como objetivo, “supuestamente, facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para el acceso al mercado para las empresas de ambos lados del Atlántico”.
El TTIP prevé la protección de las inversiones extranjeras mediante la inclusión de un curioso protocolo, el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés, Investor-to-State Dispute Settlement), que otorga el derecho exclusivo a los inversores extranjeros de demandar a un estado, ante tribunales privados poco transparentes, por promover políticas laborales o ambientales que choquen con los intereses de las empresas.
La Campaña #NoalTTIP demanda la suspensión de las negociaciones del TTIP (y la derogación del resto de tratados de libre comercio, el CETA entre ellos) por considerar que es un acuerdo que beneficiaría exclusivamente a las elites empresariales a ambos lados del Atlántico a costa de los derechos sociales, laborales y ambientales de la ciudadanía europea y estadounidense. Pese a que la Comisión Europea, órgano encargado de las negociaciones, niegue sistemáticamente que esto pueda ocurrir, la opacidad con la que se están produciendo las negociaciones, el protagonismo de las multinacionales en éstas, las filtraciones de textos de la negociación y los cambios legislativos realizados últimamente en la normativa europea, apuntan a que el TTIP reforzará la política de recortes, privatizaciones y destrucción de derechos sociales y ambientales. No solo nuestra agricultura, ganadería e industria están amenazadas sino servicios públicos tan elementales como el agua, la sanidad o la educación.
El CETA, por su parte, es un acuerdo que, con el mismo espíritu, la UE ha negociado con Canadá desde 2009, casi siempre en secreto. De hecho, aparece como un auténtico caballo de Troya del TTIP, con el que comparte herramientas como el citado ISDS, que el CETA denomina desde el pasado mes de febrero Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS).
Tal y como hace el ISDS, el ICS concede a las grandes empresas extranjeras la potestad de demandar directamente a los países ante tribunales internacionales y exigirles una indemnización por adoptar salvaguardias en materia de salud, medio ambiente, finanzas u otras medidas internas que, en opinión de dichas empresas, socaven sus derechos. La resolución de estas demandas inversor-Estado depende de árbitros comerciales privados a los que se les paga por cada caso que examinan, y que muestran una clara tendencia a interpretar la ley en favor de los inversores.
El ICS puede impedir que los Gobiernos actúen en el interés público, tanto de forma directa, cuando una gran empresa demanda a un Estado, como indirecta, al desincentivar que se adopten determina- das leyes por miedo a provocar una demanda. En todo el mundo, los inversores han impugnado leyes que protegen la salud pública, como leyes antitabaco, prohibiciones sobre el uso de productos tóxicos o de la explotación minera, normas que requieren que se realicen evaluaciones de impacto ambiental y otras leyes relacionadas con residuos peligrosos, medidas tributarias y políticas fiscales.
La FRAVM hace un llamamiento a sus asociaciones y a la ciudadanía para que participen de manera activa en este Otoño en Resistencia con objeto de impedir que salga adelante un acuerdo que va en contra de los intereses de la mayoría social.
En los siguientes enlaces puedes obtener más información sobre estos tratados:
– CETA, la democracia en venta
– El TISA frente a los servicios públicos
– TTIP, CETA y TiSA: Blindajes perfectos para criminales climáticos
