Una fila de un centenar de personas se ha formado a la entrada de la Asamblea de Madrid, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, para entregar físicamente las cartas.
“Madrid necesita esta ley y su presidenta tiene el deber de apoyarla. Hoy tiene más información para estar más cerca de la gente, respondiendo a sus necesidades, porque esta ley sirve precisamente para eso. Esta norma es imprescindible para evitar que se den situaciones como la de ayer en Majadahonda: 27 familias se han quedado en la calle al desalojar un edificio que hoy ha sido tapiado y vuelve a estar vacío. O para evitar, prohibiéndolo, que cualquier gobierno pueda vender viviendas públicas al mejor postor, como sucedió con los 3.000 pisos del IVIMA vendidos a Goldman Sachs por el Ejecutivo de Ignacio González y que han acabado con los sueños de 3.000 familias”, ha indicado esta mañana Quique Villalobos, presidente de la FRAVM.
“¿No me pasará nada por entregar esta carta, verdad?”, preguntaba Ana, actual inquilina de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. Tal es el clima de miedo que 10 años de desahucios disparados ha inculcado en una parte de la población. La de Ana fue una de las 1.860 viviendas de la EMVS vendidas en 2013 al fondo Fidere por parte del ayuntamiento de Ana Botella (PP). Tras su desahucio, fue realojada ya por el nuevo consistorio en otra casa de la EMVS. Con la ILP, sería el propio fondo buitre el obligado a dar a esta vecina un alquiler social. Segun cálculos del Ayuntamiento de Madrid, sólo en 2020 se recuperará el -ya minimo entonces- nivel de vivienda pública existente en la ciudad antes de la venta. Ana también tiene críticas para los nuevos realojos: “nos mandan muy lejos. Mucha gente se está marchando de las casas por las complicaciones con el trabajo o con el colegio de los niños”. Según la FRAVM, la mayor parte de la nueva vivienda pública proyectada por el Ayuntamiento de Madrid se concentran en los distritos del sur. Con la ILP, gran parte de la demanda de pisos sociales se vería resuelta sin construir un piso más, simplemente con la obligación de dar alquiler social por parte de bancos y fondos.
Tamara, Cristina, Encarna, Elisabeth: estas vecinas viven con sus familias en un bloque recuperado al ‘banco malo’ (Sareb), uno de los 47 bloques de los bancos antes vacios en los que la PAH ha ido realojando a personas y familias desahuciadas sin otra alternativa. “Trabajo cuidando niños. Y luego en casa, a seguir cuidando de los niños”, comentaba una de ellas riéndose mientras hacía cola. La regularización con alquileres sociales para mujeres trabajadoras pobres que han tenido que ocupar pisos, uno de los sectores sociales más afectados por la desigualdad, sería una realidad con la ILP.
“Yo no tengo el desahucio como vosotras, pero estoy aquí apoyando porque esto me afecta a mí también”. Quien habla así es Virginia, una vecina de Valdemoro cuyo hijo fue desahuciado por La Caixa despues de quedarse sin trabajo tras un accidente laboral en el que también perdió el pie. Hoy vive en la localidad de Torrevieja, porque el dinero de la indemnización no llegaba ni para la entrada de otro piso en Madrid, ni para alquilar.
