Diferentes plataformas y movimientos sociales de Madrid que trabajan en defensa de los derechos de ciudadanía, de los servicios públicos, de la democracia participativa y de la sostenibilidad social y medioambiental de nuestra región se dieron cita el pasado mes de octubre en el denominado Encuentro Vecinal para elaborar una suerte de programa de reivindicaciones comunes que dirigirán a las fuerzas políticas que concurrirán a los próximos comicios autonómicos y municipales.
Los colectivos, organizaciones y plataformas son una parte de esa marea ciudadana que ha dado en la calle la pelea contra los planes de recortar nuestros derechos y privatizar nuestros recursos. Entienden que las próximas elecciones autonómicas y municipales son un episodio importantísimo en esa lucha ciudadana por la democracia y por unas condiciones de vida dignas, por lo que iniciarán una ronda de reuniones con los partidos que concurrirán a las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo a fin de que se comprometan a incluir en sus programas electorales las reivindicaciones consensuadas.
El documento de propuestas está consensuado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, la Plataforma Madrid en Transporte Público, la Red de Huertos Urbanos de Madrid, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, la Asociación de Afectados por la Venta de Vivienda Pública, Hacenderas, la Plataforma Mayores en Acción y la Asamblea de Marea Verde.
Destacan, en materia de sanidad, la recuperación del sistema público, universal y de gestión y provisión cien por cien públicas, la recuperación de la propiedad y gestión de todos los hospitales y centros sanitarios privatizados y la derogación de la ley de exclusión sanitaria y de la ley 15/1997.
En educación, las organizaciones apuestan, asimismo, por la educación pública mediante un incremento de la inversión, la derogación de la LOMCE y de los decretos 17/2008 y 18/2008. Reclaman, además, la revisión, control y paralización de los conciertos; la eliminación de las desgravaciones fiscales a las familias que escolarizan a sus hijos en centros privados y de los beneficios fiscales de los que disfrutan estos centros, como la exención de IBI, así como la prohibición de la cesión de suelo público para la construcción de centros privados.
En política social, las organizaciones proponen la aprobación de una ley de barrios que garantice un equilibrio territorial mediante planes de desarrollo local y la reserva de una financiación suficiente para garantizar unos servicios dignos; garantizar el acceso y el cobro inmediato de la Renta Mínima de Inserción a todas aquellas personas que tienen derecho a ella; la creación de una tarjeta de transporte gratuita para personas en situación de vulnerabilidad económica; la remunicipalización de los servicios sociales y el cierre de los Centros de Internamiento para Inmigrantes.
En materia de vivienda, las organizaciones hacen suyas las reivindicaciones de la PAH sobre paralización de los desahucios, la aprobación de la dación en pago y la creación de un gran parque de vivienda pública en alquiler social. Exigen, asimismo, la recuperación de las viviendas públicas vendidas por la EMVS y el IVIMA a fondos buitre y el freno de esta práctica, así como la puesta en uso de las viviendas vacías de bancos e inmobiliarias mediante un recargo del 50% en el IBI y mediante la expropiación temporal del uso. Todo ello para garantizar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, un derecho constitucional cuyo ejercicio deberá ser garantizado con la aprobación de una ley.
La lucha contra la pobreza energética y la contaminación atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética y la apuesta por la rehabilitación integral de edificios con criterios de eficiencia energética, la aprobación de una ley de movilidad sostenible, la recuperación de la gestión cien por cien pública del Canal de Isabel II, la promoción de la reutilización en la gestión de residuos sólidos urbanos nuclearían, entre otras propuestas, el necesario cambio para construir un Madrid sostenible en términos medioambientales.
El traslado de todas estas medidas no supone una delegación de responsabilidades en los partidos. Todo lo contrario: las organizaciones sociales apuestan por un modelo de democracia participativa garantizado por la creación de espacios de participación directa en las que la ciudadanía tenga voz, la implantación de presupuestos participativos, la aprobación de unas normas de participación ciudadana dignas de tal nombre… Las organizaciones instan, por último, a realizar una auditoría ciudadana de la deuda de la Comunidad de Madrid y de los municipios y una transferencia efectiva y descentralización de competencias políticas, económicas y administrativas del Gobierno regional a los municipios y de éstos a los distritos, contemplando la elección directa de concejales de distrito y la gestión, por parte de las juntas municipales, del 50% del presupuesto municipal.
Las organizaciones llevarán a cabo una serie de movilizaciones en los próximos meses para dar a conocer estas reivindicaciones, que trasladarán también a PP, PSOE, IU, UpyD, Equo y Ganemos Madrid.
