A pesar del frío y de la lluvia, más de 500 personas secundaron la convocatoria lanzada por la Plataforma por el Derecho a Tener Derechos (FRAVM, SOS Racismo Madrid, Médicos del Mundo, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, Ferrocarril Clandestino, Asociación de Sin Papeles de Madrid…) para exigir el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Miles de personas más aprovecharon la celebración del Día Internacional de se manifestaron también en Barcelona, Valencia, Málaga, Motril, Granada y Algeciras para recordar a los responsables políticos que miles de personas permanecen encerradas en España en deplorables condiciones por una mera falta administrativa: no tener papeles.
Los internos denuncian “malos tratos, hacinamiento, incomunicación y el aislamiento, el racismo en alguna de sus manifestaciones más abyectas, la indefensión legal y la precariedad de los mecanismos de supervisión desde el exterior”, como recoge el informe Voces desde y contra los CIE. Para quien quiera oír, de octubre 2009. A estas denuncias se han sumado instituciones como el Defensor del Pueblo, que en un informe del año pasado calificaba al CIE de Aluche como un auténtico ‘agujero negro‘, “con un sistema excesivamente estricto propio de un régimen típicamente penitenciario” o el Parlamento Europeo, que ya en un informe en 2008 reconocía que las condiciones de detención de los centros españoles eran “innecesariamente severas”.
La organización Pueblos Unidos, por su parte, ha presentado un estudio que analiza las experiencias de 109 inmigrantes que pasaron por el CIE de Aluche en 2010, un año en el que se estima que, sólo en ese centro, fueron retenidas 5.000 personas. El informe asegura que los policías suspendieron las visitas familiares después de la manifestación del pasado 28 de noviembre, en la que un centenar de personas exigieron el cierre de los CIE. Ese día, asegura, también hubo cacheos generalizados y retirada de utensilios personales, una situación que la organización ha denunciado en los juzgados y ha transmitido, asimismo, al Defensor del Pueblo.
Foto: Julio Robledo
