El 1 de septiembre de 2008, el ministro de Industria Miguel Sebastián anunció, durante la inauguración, en Santander, del XXII encuentro de las telecomunicaciones que el Gobierno español ofrecerá incentivos económicos y dotación de infraestructuras a aquellos ayuntamientos que faciliten la instalación de antenas de telefonía móvil, de modo que los consistorios que ofrezcan más licencias a las compañías de telecomunicaciones tendrán más dinero público para facilitar, a su vez, el desarrollo de las tecnologías de la información.
La medida contrasta con una resolución del Parlamento Europeo publicada apenas tres días después sobre la revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010. En el informe, la institución europea constata que el número de personas que enferman por culpa de factores medioambientales sigue en aumento y que debe establecerse un registro epidemiológico que ofrezca un cuadro completo de las enfermedades vinculadas, parcial o totalmente, a factores medioambientales. El Parlamento llama especialmente la atención sobre las consecuencias de la contaminación electromagnética generada por las antenas de telefonía móvil en la salud, una aseveración basada en las conclusiones del informe internacional “BioIniciativa” sobre campos electromagnéticos, que resume más de 1.500 estudios de casos de personas sometidas a las emisiones de radiaciones electromagnéticas.
La resolución del Parlamento señala que los límites de exposición a los campos electromagnéticos establecidos para el público son obsoletos, ya que no tienen en cuenta la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, las normas de emisión adoptadas más exigentes, como la de Bélgica, Italia o Austria, y no abordan la cuestión de los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños. El Parlamento, pide por tanto, al Consejo Europeo, que modifique su Recomendación 1999/519/CE para fijar así valores límite de exposición más exigentes.
El pasado mes de noviembre, la FRAVM y más de 50 organizaciones ecologistas y ciudadanas del Estado, solicitaron una reunión a los ministros de Industria y Sanidad, Miguel Sebastián y Bernat Soria, para plantearles la necesidad de que el Gobierno español asuma la recomendación europea modificando la normativa vigente sin que hasta ahora hayan obtenido respuesta.
“Ante este significativo silencio, la FRAVM ha decidido convocar una concentración en el marco de la celebración, en ciudades de todo el Estado, de la Semana sin Móviles para pedir al ministro de Industria que establezca una distancia mínima de 400 metros entre las antenas y cualquier punto habitado al objeto de hacer converger dos intereses en conflicto: el del desarrollo de la sociedad de la información y el prioritario de la salud de la población y que aplique una moratoria en la concesión de licencias hasta que se revisen estos límites. Sólo en Madrid había, en junio del año pasado, 4.980 antenas, muchas de ellas instaladas a escasa distancia de lugares frecuentados por población sensible, como escuelas infantiles o centros de salud. Eso sin contar todas aquellas que no están registradas. A esto hay que sumar la implantación de accesos wifi en todos los autobuses de la EMT y todas las medidas contempladas en el Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicación del Ayuntamiento de la capital. Se puede y se debe garantizar el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación respetando, por encima de toda consideración, la salud de la ciudadanía, como recomienda el Parlamento Europeo”, apunta Francisco Caño, responsable de la comisión de Medio Ambiente de la FRAVM.
