La sociedad civil pide a los partidos políticos un compromiso contra la Ley Ómnibus

La Ley Ómnibus vuelve hoy a la Comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid tras los recursos interpuestos por los tres grupos parlamentarios de la izquierda, entrando de esta forma en la recta final de su tramitación. La plataforma que se opone a la nueva norma, formada por más de 50 organizaciones, la FRAVM entre ellas, solicita a los partidos políticos de la izquierda que se comprometan a recurrirla ante el Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe.

La sociedad civil pide a los partidos políticos un compromiso contra la Ley Ómnibus
Quique Villalobos y Nines Nieto leen el manifiesto de la manifestación contra la Ley Ómnibus

La Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Ómnibus, entra en la recta final de su tramitación. Está previsto que hoy, en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior se apruebe, con los votos del Partido Popular y de Vox, el dictamen de la Ley previo a remitirla al pleno de la Asamblea de Madrid.

La Plataforma Paremos la Ley Ómnibus recuerda que la tramitación de la norma ha puesto en escena una parodia de la participación pública. Se han ignorado más de 600 alegaciones, más de 51.000 firmas ciudadanas y las comparecencias parlamentarias de los colectivos sociales que han pedido la retirada del texto legal por el negativo impacto social y ambiental que tendrá su entrada en vigor.

La Ley Ómnibus es una vuelta de tuerca más contra los derechos ciudadanos, y supone un claro deterioro de los servicios públicos y de los bienes comunes de la región. Así, establece la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria, opaca y sin control ciudadano (idónea para nuevos casos de corrupción, ya que puede estar participada y financiada por empresas privadas).

En urbanismo promueve la transformación especulativa y la privatización del territorio madrileño permitiendo que los Proyectos de Alcance Regional (como lo era el polémico Eurovegas) se puedan construir en cualquier clase de suelo, sea cual sea su grado de protección. Además, suaviza los requisitos para la modificación de las normas de construcción en pueblos y ciudades, y privatiza los procesos de concesión de licencias y de inspección urbanística, a través de las entidades privadas colaboradoras en materia urbanística (EPCUs).

Por otro lado, la Ley Ómnibus consolida la posibilidad de que las promotoras no tengan que ceder suelo a los ayuntamientos en sus actuaciones urbanísticas, dándoles la opción de pagar a cambio una cantidad monetaria. Esto reducirá la cantidad futura de suelo público para la construcción de dotaciones como viviendas sociales, zonas verdes, zonas deportivas, servicios sanitarios o centros educativos que cubran los déficits existentes más los adicionales derivados de dichas actuaciones. Además, excluye la red de viviendas públicas de integración social como uso posible de los suelos cedidos a los ayuntamientos y apuesta decididamente por un modelo de construcción de vivienda protegida privatizada, no asequible para la población de menores recursos.

En medio ambiente, supone un retroceso en la conservación de los valores naturales al reducir la protección de las especies vegetales de flora silvestre, así como del arbolado que no sea de especies estrictamente protegidas, y reduce la protección de los montes públicos y espacios protegidos, al permitir usos y actividades (como la caza, la construcción y negocios hosteleros) en zonas hasta ahora incompatibles con aquellos por su alto valor ambiental.

Por todo ello, la Plataforma Paremos la Ley Ómnibus pide a los políticos de la izquierda parlamentaria que se comprometan a recurrirla ante el Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe, y en caso de gobernar, a derogar esta nefasta Ley.

La Plataforma Paremos la Ley Ómnibus está formada por los siguientes colectivos: Amigos de la Tierra, ARBA, Asociación Mar de Tierras, Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de la Asamblea de Barrios y Pueblos de Madrid, ELITE taxi Madrid, Medsap – Marea blanca, CCOO-Madrid, GRAMA, Asamblea en defensa del Tajo de Aranjuez, No + precariedad, Plataforma de Centros de Salud, FRAVM, Colaterales del Taxi Madrid, MATS, Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), CGT Sanidad Madrid, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, Ecologistas en Acción de Villaviciosa de Odón, Ecologistas en Acción de Getafe, Ecologistas en Acción de Valdemoro, Ecologistas en Acción de Sierras de la Comunidad de Madrid, Invisibles de Tetuán, Solidaridad Obrera-Metro Madrid, Coordinadora de Vivienda de Madrid, StopDesahucios Móstoles, Sindicato de enseñanza de Madrid CGT, Plataforma SAR Madrid, Plataforma Sindical EMT Madrid, Asociación Defensa del Parque Móvil del Estado, Asociación Madrileña de enfermería Independiente (AME), Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Asociación para la defensa de la sanidad pública de Madrid, Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperia, Asociación Vecinal de Vicálvaro, ATTAC Madrid, Casa Vecinal de Tetuán, Club de Debates Urbanos, Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí, Csit Unión profesional, Comisiones Obreras de Madrid, FACUA Madrid, FAPA Francisco Giner de los Ríos, Federación INJUCAM, Grupo de Trabajo para Salvar las Lagunas de Ambroz y su entorno, Jarama Vivo, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Parque SÍ en Chamberí, Plataforma contra la especulación urbanística y ambiental de Candeleda, Plataforma para la Defensa del Tajo de Santa Cruz de la Zarza, Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, Plataforma de la Zona Norte, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Zona Noroeste de Madrid (PDSPZNM), Plataforma Sindical de la EMT, Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo, Red Vecinal por Navalquejigo, Red ONGDs de Madrid, SUMMA T (Asamblea de trabajadores del SUMMA 112), Sindicato Asambleario de la Sanidad, Foro Ciudadano Fuencarral-El Pardo, UPLA-La Unión.

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