La Plataforma “Eurovegas No” ha entregado esta mañana en las tres Administraciones públicas implicadas en la negociación del proyecto Eurovegas una carta exigiendo su responsabilidad de mantener informada de primera mano a la ciudadanía sobre este proceso y sobre los impactos socioambientales, económicos, laborales y fiscales que va a producir la construcción y puesta en marcha de este macrocomplejo de ocio y turismo.
Desde la Comunidad de Madrid hasta el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pasando por el Ayuntamiento de Madrid, la Plataforma “Eurovegas No” ha recorrido el trayecto entre estas tres instancias para entregar una carta que “sirve para visibilizar la opacidad informativa con la que se están llevando a cabo las negociaciones”, comenta María Fernández, de la Plataforma “Eurovegas No”. “Estamos intentando poner de relieve los impactos de un proyecto que a nivel social, medioambiental y económico es insostenible, pero continuamente nos topamos con la poca voluntad por parte de la Administración que no quiere dar los datos necesarios para que la ciudadanía nos posicionemos ante este proyecto. Si Eurovegas genera tanto empleo, ¿por qué no explicitan de manera transparente cómo han llegado a esas cifras? En la plataforma no nos salen las cuentas”, comenta Natalia Chaves, de la Plataforma “Eurovegas No”.
En el escrito, la Plataforma solicita la información resultante de los estudios y evaluaciones de impactos que, supuestamente, se están realizando desde diferentes organismos. Por otra parte, también exigen que se clarifiquen las cifras del posible aval del Estado para conseguir un préstamo de 25 millones de euros. Los integrantes de la Plataforma “Eurovegas No” han expresado su preocupación por las repercusiones que puede tener este tipo de acciones en la deuda externa española.
De esta manera, ponen de manifiesto la poca transparencia informativa con la que las Administraciones están llevando a cabo este proceso de decisión en la que no han contado con la ciudadanía. “No entendemos porqué es la plataforma ciudadana, la que tiene que ir de municipio a municipio, informando acerca del proyecto, cuando debería ser la Administración la que tendría que estar haciendo esta labor: informar de manera transparente”, explica María Fernández, una situación que les empuja a pensar que ‘hay intereses ocultos detrás de la construcción del proyecto’.
