Con su iniciativa, las dos entidades persiguen que el Ministerio Público intervenga en defensa de la legalidad de derechos consolidados de los ciudadanos y ciudadanas y del bien común. En su documento, solicitan una investigación de los hechos que han supuesto una “negligente y peligrosa gestión de la pandemia”, al amparo de la Constitución Española (artículos 124.1, art.43.1, 43.2 y 43.3), el artículo 1.2 de la Ley General de Sanidad (14/1986 ) y los artículos 12.3, 15 y 28 de la Ley General de Salud Pública (33/2011).
Ambas organizaciones consideran que el Gobierno de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso y rubricado por el vicepresidente Ignacio Aguado, en un momento crucial y trágico para la ciudadanía madrileña por la pandemia del SARS-Cov2, “incumple sistemáticamente su deber ineludible de garantizar la salud comunitaria, poniendo en riesgo grave la asistencia sanitaria y la protección social, considerando asimismo que se está infringiendo de forma grave y reiterada todas la directrices imprescindibles para acometer con la máxima fortaleza el avance del virus y su propagación sin control”.
“Sus objetivos no están en las obligaciones que les corresponde por sus puestos, sino en sus deseos mercantiles, olvidando que hay mucha gente que sufre, y mucha otra que está muriendo por su negligente y escalofriante rosario de decisiones”, sostienen ambas entidades.
Puedes descargar la petición presentada ante la fiscalía en el enlace siguiente:
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