La FRAVM es una de las organizaciones decanas en la lucha contra las sucesivas ampliaciones del aeropuerto de Barajas por las graves consecuencias de la contaminación atmosférica y acústica generada por el tráfico aéreo en los residentes de los distritos y municipios del entorno. Los constantes llamamientos dirigidos a las administraciones para que privilegien la garantía de la salud de los aproximadamente 500.000 vecinos afectados sobre los beneficios económicos que genera el aeródromo no han recibido respuesta. Ninguna de las muchas alegaciones presentadas por la Federación a las sucesivas ampliaciones han sido consideradas, recogidas ni respondidas. Pero el trabajo no ha sido baldío. No del todo, al menos. El mes de noviembre del pasado año el Tribunal Supremo condenaba a AENA a indemnizar con 30.000 euros a cinco vecinos de la urbanización madrileña Santo Domingo (Algete), al concluir que el ruido provocado por el sobrevuelo de los aviones es ‘suficiente, por su entidad, naturaleza y duración, para generar molestias que lo trastornan más allá de los límites aceptables’. Lejos de considerar las determinaciones del máximo tribunal jurisdiccional, la administración y la entidad pública AENA no incluyeron siquiera la urbanización de Santo Domingo en el mapa de zonas afectadas por el ruido del tráfico aéreo.
Por todo ello y, dadas “las diferentes y evidentes deficiencias técnicas que contiene la actualización de los mapas de ruido del aeropuerto de Madrid- Barajas que se someten a información pública” la FRAVM solicita en su alegación la inmediata retirada del documento y exige al Gobierno que cumpla el mandato del Congreso de los Diputados del 18 de septiembre de 2007, que insta a incorporar a las asociaciones más representativas de las poblaciones directamente afectadas, entre ellas la FRAVM, a la Comisión de Seguimiento Ambiental de las actuaciones de ampliación del Sistema Aeroportuario de Madrid (CSAM). “Mientras el Ejecutivo no cambie la composición de los órganos de seguimiento y control de las ampliaciones del aeropuerto incorporando a las organizaciones que representan a los vecinos afectados todas las huellas acústicas que emitan carecen de valor, ya que los organismos que las realizan son, a la vez, juez y parte: AENA controla y mantiene el sistema de monitorización del ruido del aeropuerto, emitiendo los informes que remite a la comisión de vigilancia que dirige y controla junto con la Dirección General de Aviación Civil y el Ministerio de Medio Ambiente. La Administración central lleva más de 10 años mirando a otro lado, negando primero las determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental de 1996, que contemplaba la participación de los vecinos en los órganos de control y obviando después un mandato del Congreso de los Diputados en ese mismo sentido que fue aprobado por 299votos a favor y sólo uno en contra. Tal actitud pone de manifiesto el total desprecio del Ejecutivo por los mandatos de todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados y, lo que es más grave, por la salud de los más de 500.000 madrileños afectados por el ruido y la contaminación atmosférica de Barajas. El contumaz bloqueo a la participación de las asociaciones vecinales en los órganos de control demuestra que, para el Gobierno, las consecuencnias sobre la salud de los vecinos del tráfico aéreo son un `mal menor’ que los elevados beneficios económicos justifican”-denuncia Andrés Martínez, de la comisión de Medio Ambiente de la FRAVM. ‘El grave error de Estado que supone las ampliaciones del aeropuerto sólo se resolvería parcialmente con el cumplimiento íntegro del Plan de Aislamiento Acústico y con el cierre nocturno del aeropuerto’.
