1. En primer lugar, va a propiciar un aumento exponencial de las emisiones de CO2, ya que se calcula que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que actualmente representan el 1,6% de las emisiones anuales, pasarán a representar el 14% en 2040. Del mismo modo, la contribución de las TIC al gasto energético, que hoy representa el 21% anual, se incrementará un 50% o un 100%, en el peor escenario, para el mismo período, según una investigación de los profesores L. Belkhir y A. Elmeligi publicada en 2018 en la revista Journal of Cleaner Production.
2. No ha habido participación de la ciudadanía en la elaboración del Anteproyecto, a pesar de que afecta a derechos fundamentales, y priva a las instituciones democráticas más cercanas, ayuntamientos y comunidades autónomas, de competencias fundamentales para la salvaguarda de derechos de ese tipo en el ámbito medioambiental y urbanístico.
Por ende, pensamos que no solo no va a servir para generar cohesión social, sino que redundará en un debilitamiento de los lazos sociales, supresión de espacios públicos y pérdida masiva de empleo.
Además, no contempla zonas “blancas”, sin emisiones de CEM (Campos Electromagnéticos), para la población electrosensible, y, más grave aún, desaparece de la ley la protección especial de niños y niñas, ancianos y ancianas, enfermos y enfermas y mujeres embarazadas ante la exposición a los CEM.
3. En tercer lugar, el texto atenta contra derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, como es el caso de la salud, la integridad física o la inviolabilidad del domicilio. Se trata de derechos que protege el llamado Principio de Precaución, un principio que en la Resolución 1815 del Consejo de Europa relativa a los campos electromagnéticos se identifica con el concepto ALARA, es decir, la emisión de la mínima potencia técnicamente posible, cifrada en 0,1 microvatios/ cm² , umbral revisable de protección ante los efectos biológicos que pueden sufrir los organismos vivos por la exposición a las radiaciones electromagnéticas. Lamentablemente, a pesar de que el propio Defensor del Pueblo español lo usa en sus recomendaciones a la Administración, el Anteproyecto ignora por completo este concepto.
4. El medio ambiente y la salud son los dos grandes excluidos de este Anteproyecto. La exclusión del primero ya fue denunciada por el Defensor del Pueblo en el Plan Nacional 5G de 2019, que este borrador perpetúa, y, en cuanto a la salud, hace caso omiso de la Ley de Salud Pública, ya que el despliegue de las redes 5G, origen y causa de esta nueva Ley de Telecomunicaciones, se pretende hacer sin un estudio previo de impacto en la salud, a pesar de los llamamientos de científicos internacionales que piden una moratoria a ese despliegue por ese mismo motivo.
Estos científicos, así como cientos de organizaciones sociales en todo el mundo solicitan un aplazamiento de la expansión de la quinta generación de dispositivos móviles tras constatar la existencia de numerosas investigaciones que evidencian notables riesgos de afecciones biológicas en los sistemas nervioso y endocrino y en el ámbito celular y genético con motivo de prolongadas exposiciones a campos electromagnéticos, un hecho que sin duda se verá agravado por una tecnología, la 5G, que emitirá a una frecuencia muy alta, a partir de los 26 Ghz, y a una potencia mil veces superior a la actual, lo que dispara la capacidad de penetración en los cuerpos.
5. En quinto lugar, el Anteproyecto pone en entredicho la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, su privacidad y libertad, al albur de una tecnología digital que va a permitir no sólo intromisiones vía satélite en puntos clave de la seguridad nacional, sino también un acceso prácticamente ilimitado a nuestra vida personal, actividades o consumo, en busca del flujo de datos permanente que el Internet de las cosas suministrará a múltiples receptores de esa información. Y esto se producirá, en muchas ocasiones, al margen de nuestra voluntad, con el riesgo de que la sociedad se convierta en un enorme campo de control y vigilancia, donde se den la mano la manipulación, los ciberdelitos, el ciberespionaje y el ciberterrorismo, gracias a los más de 50.000 millones de dispositivos de bajo coste que el despliegue 5G va a promover. Los propios responsables de tecnología de la Guardia Civil han alertado sobre este riesgo.
Por último, el borrador de ley contempla un nuevo organismo de seguimiento, el Comité Interministerial de Radiofrecuencias y Salud, que, formado por la Administración y organizaciones sociales, ya se incluyó en la anterior Ley de Telecomunicaciones de 2014, pero nunca llegó a constituirse. Aunque se trata de un avance, nada nos asegura que con la nueva ley las cosas sean distintas. Mientras tanto, ejerce las funciones de asesor del Gobierno el Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), un organismo vinculado al Colegio Oficial de Telecomunicaciones y, por tanto, a ese sector industrial, lo que pone en evidencia un claro conflicto de intereses. Precisamente mañana, 21 de octubre, en un evento virtual, el polémico CCARS presentará una nueva edición de su Informe sobre Radiofrecuencias y Salud correspondiente al periodo 2016-2019.
Por los motivos anteriores, la FRAVM pide la retirada del Anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones y la apertura de un debate público con representantes de la sociedad civil sobre la protección de los derechos ciudadanos que el propio texto pone en cuestión.
