La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre anunció recientemente el inicio de la privatización del Canal de Isabel II, la empresa responsable del abastecimiento de agua de la Comunidad de Madrid, mediante su transformación en una sociedad anónima, así como la venta a particulares del 49% de las acciones, con el fin de que esta nueva entidad gestione el ciclo integral del agua de Madrid.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Ecologistas en Acción, Attac y la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos coinciden en que tal privatización tendría graves consecuencias medioambientales, sociales y económicas, tal y como ha puesto de manifiesto semejante experiencia en las ciudades francesas de Paris, Toulouse y Burdeos, que han decidido volver a la gestión y titularidad pública del recurso agua por razones de eficiencia y ahorro.
La privatización del agua, como la de otros servicios públicos, suele conllevar el empeoramiento de la calidad del abastecimiento por las decisiones empresariales destinadas a reducir costes y maximizar los beneficios, como la reducción de la plantilla de trabajadores. Tratándose de un servicio básico fundamental que se suministra en régimen de monopolio, las madrileñas y madrileños no pueden optar por otra fuente de abastecimiento, como no sea el consumo de agua mineral embotellada, una opción poco atractiva dada la actual coyuntura económica. Y ¿qué sucedería en caso de que la empresa gestora del suministro de agua quebrara?
Tampoco se explican estas organizaciones cómo en un momento de crisis financiera y recortes presupuestarios el Gobierno regional opta por la privatización, una fórmula que detrae de las arcas públicas los beneficios económicos de esta empresa que el año pasado ganó 76,4 millones de euros para entregárselos a los futuros accionistas del Canal.
Es de esperar, asimismo, que la maximización del beneficio lleve a los futuros responsables de la empresa a renunciar a invertir dinero en reducir las pérdidas de agua en las redes de distribución y a dirigir la publicidad, no a reducir su consumo, sino a incrementarlo. Las consecuencias medioambientales de tal política en una región como la madrileña, que ostenta el récord de ser la que presenta mayores índices de crecimiento urbanístico del Estado, no harían sino avanzar hacia un inminente peligro de desertificación.Teniendo en cuenta, además, que Gobierno regional asocia la privatización del Canal de Isabel II a la construcción de dos grandes embalses en una Comunidad que tiene garantizado el abastecimiento para las próximas decadas, la medida anunciada por Aguirre constituye un atentado ecológico.
A los argumentos económicos y medioambientales, se suman los normativos, ya que la gestión del agua en las cuencas compartidas le corresponde al Estado, y no a la Comunidad de Madrid -menos aún a una empresa privada-. Sólo una gestión unitaria y conjunta de cada cuenca hidrográfica puede garantizar una correcta gestión del recurso hídrico, así como el derecho de todos los ciudadanos a un adecuado abastecimiento de agua potable, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan.
Todo ello ha animado a las citadas organizaciones a convocar la concentración de esta mañana, la primera de varias movilizaciones previstas para los próximos meses.
