Desde que, en septiembre de 2008, la presidenta regional anunciara la privatización del Canal de Isabel II, este proceso se ha caracterizado por su falta de transparencia y la nula participación democrática de los usuarios, toda vez que se ha desarrollado fundamentalmente a golpe de decreto.
Las organizaciones que forman parte de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII) recuerdan que el derecho al agua es un derecho humano reconocido y protegido toda vez que, como reconoce el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ‘es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud’. El agua es, además, condición previa para la realización de otros derechos humanos.
La referida consideración obliga a los poderes públicos a proveer los servicios de abastecimiento y saneamiento necesarios en un marco de transparencia, como obliga el ordenamiento jurídico vigente (art. 135 C.E., el precepto 35 de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas…) .
La PCPCYII señala que, por el contrario, las gestiones efectuadas por el Ejecutivo autonómico en orden a modificar sustancialmente la naturaliza jurídica y, por ende, las formas de gestión y funcionamiento de la empresa pública se han hecho de forma absolutamente opaca.
Por todo ello y, dado que afecta al ejercicio mismo de un derecho, han logrado que más de 60 organizaciones ciudadanas firmen una carta dirigida a Ignacio González en la que reclaman el derecho de la ciudadanía a conocer, con la debida antelación todos y cada uno de los pasos procedimentales que se vienen dando para que la sociedad no se vea situada “ante hechos consumados e irreversibles que deriven en una inadmisible indefensión”. Reclaman, por tanto, que hagan públicos los informes y documentos que justifican y documentan la operación, entre otras, el contrato programa entre el Canal de Isabel II y Canal Gestión, el plan económico financiero, la planificación estratégica…
‘La ciudadanía -subrayan- tiene sobradas razones avaladas por más de 160 años de una muy eficaz prestación del servicio de aguas por el Canal de Isabel II en su carácter de administración pública y no encuentra en las actuales circunstancias razones ni técnicas ni administrativas sociales o ambientales para transformar el prestigioso Canal en un instrumento sometido al tráfico mercantil cuya única finalidad es, como tal empresa, el lucro privado de determinadas personas y grupos de interés que nada tiene que ver con la procura de bien común de la sociedad madrileña ni con el logro de su mejor calidad de vida’.
