Mientras el Parlamento Europeo recomienda restringir la instalación de antenas de telefonía móvil para limitar el peligro de la contaminación electromagnética, el Gobierno español ofrece incentivos económicos y dotación de infraestructuras a aquellos ayuntamientos que facilitan su proliferación. La FRAVM y más de 50 organizaciones ecologistas y vecinales de todo el Estado piden al titular de Industria, Miguel Sebastián, que revise el RD 1066/2001 que regula la instalación de antenas de telefonía móvil de acuerdo a la recomendación europea para garantizar nuestra salud. Estas entidades llevan esperando desde noviembre a que los ministros Miguel Sebastián y Bernat Soria, responsable de la cartera de Sanidad, les reciban para hablar de la necesaria modificación de la norma para adecuarla a las recomendaciones de las autoridades europeas.

Por todo ello y, en el marco de los actos de protesta organizados por multitud de organizaciones en Barcelona -donde las grandes multinacionales se reúnen en el Congreso Mundial Móvil- y otras ciudades europeas, la FRAVM convoca una concentración ante la sede del Ministerio de Medio Ambiente (antiguo Ministerio de Agricultura, en la ronda de Atocha) para reclamar al Gobierno español que modifique la legislación vigente para garantizar el principio de precaución en la defensa de la salud de las personas, especialmente de la población más sensible.