Ante la inacción de las administraciones en el control de las viviendas de uso turístico (VUT), que desde hace años generan multitud de problemas de convivencia y de otro tipo en numerosos barrios de Madrid, las asociaciones vecinales de los distritos más damnificados y la FRAVM han puesto en marcha una oficina de atención a afectados y afectadas, que cuenta con dos sedes: Lavapiés (Madrid-Centro) y Arganzuela.

A pesar de que el 95% de los pisos turísticos de la capital son ilegales por carecer de una adecuada licencia de actividad, y muchos de ellos provocan en el vecindario graves molestias (por ruidos, suciedad, inseguridad…) los gobiernos local y regional prefieren mirar para otro lado y, en vez de aplicar la legislación, permiten la actividad de los incumplidores.

Hemos creado esta oficina como herramienta de autodefensa vecinal que usa la normativa existente para preservar el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio (Artítulo 18 de la Constitución Española) de las personas residentes de nuestros barrios.

Qué hacemos

La oficina asesora sobre las acciones que pueden tomar vecinos/as y comunidades de propietarios ante pisos turísticos ubicados en sus inmuebles y barrios que estén generando molestias y problemas. Para ello, ha elaborado una batería de recomendaciones y varios modelos de escritos de queja y demanda para ser presentadas ante diferentes organismos con competencias en la materia.

Buena parte de las recomendaciones de la Oficina están dirigidas a las comunidades de propietarios, a las que las asociaciones vecinales animan a aplicar el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que permite a las comunidades impedir la implantación de nuevos pisos turísticos en sus inmuebles e incrementar las cuotas que pagan sus propietarios.