Eventificación y derecho a la ciudad

Quiénes somos

El Grupo de Trabajo sobre Grandes Eventos de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) surge ante el crecimiento descontrolado de este tipo de eventos en la ciudad de Madrid, que tienen un gran impacto en los barrios y zonas donde se celebran. No en vano, el grupo está formado por asociaciones, colectivos y plataformas de lugares que sufren desde hace tiempo eventos multitudinarios. Actos que tienen lugar en espacios que se han convertido en auténticos eventódromos, como el Palacio de los Deportes (Wizink), el estadio Bernabéu, el IFEMA, el Iberdrola Music (Mad Cool), el estadio Metropolitano, Vistalegre, la plaza de toros de Las Ventas, el Espacio Delicias, la Plaza de España o el Parque Tierno Galván.

Eventificación

Aunque tiene otras acepciones, la FRAVM entiende la “eventificación” como la realización y desarrollo de eventos masivos en diversas zonas de la ciudad de forma continuada y constante, sin planificación estratégica ni sostenibilidad alguna, lo que genera un deterioro de la existencia y la vida de la vecindad en sus barrios debido a diferentes problemas asociados. Problemas como el exceso de ruido, la suciedad, la ocupación constante del espacio público, los horarios de más de siete horas de conciertos, el colapso del entorno, la falta de movilidad, problemas de aparcamiento para residentes, el uso de trailers y camiones de zonas públicas, los recurrentes cortes de tráfico y atascos, la imposibilidad de salir de algunos portales, acampadas irregulares de más de 48 horas en los entornos, el cierre del comercio de proximidad, el fin de la diversidad del barrio, la falta de descanso diario y una mercantilización constante del espacio público.

La eventificación, unida a la gentrificación y la turistificación, lleva al fin de las ciudades, de nuestros barrios, haciendo insostenible su desarrollo equilibrado. Detrás de estos fenómenos se encuentra la búsqueda, de forma exclusiva, de la rentabilidad mercantil, sin tener en cuenta la rentabilidad social y medioambiental, lo que está provocando serios problemas de descanso, salud y convivencia de la vecindad, que la UE reclama como derechos innegociables de la ciudadanía y que las administraciones están obligadas a defender.