La Coordinadora Estatal contra la Incineración de Residuos en las Fábricas de Cemento, de la que forma parte la Plataforma de Morata, ha interpuesto un recurso contra la resolución de 28 de febrero del Secretario de Estado de Medio Ambiente (SEMA) que ajustó a la baja los derechos de emisión de 163 instalaciones (entre las que se encuentran 7 fábricas de cemento) concedidos por el Consejo de Ministros el 15 de noviembre de 2013 para el periodo 2013-2020. Esos derechos de emisión gratuitos se han ajustado por la reducción en la actividad productiva de las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión con anterioridad al 1 de enero de 2013.

Es sorprendente que 3 meses y medio después de que el Consejo de Ministros asignara esos derechos gratuitos en el llamado periodo post-Kioto 2013-2020, el Secretario de Estado rectifique ese acuerdo cuando no se cuenta con datos que no se tuvieran el 15 de noviembre.

En el caso del sector del cemento es más sorprendente aún que se concedan derechos de emisión a fábricas que han cesado definitivamente su actividad, como las de Holcim en Yeles (Toledo) y en Lorca (Murcia), u otras como las de Uniland Cementera SA en Sitges y Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), o la de Cemex en Buñol (Valencia), que han reducido significativamente su actividad. El caso más extremo es el de Holcim en Yeles, cuya factoría fue demolida en octubre de 2013 y sus hornos desmantelados, por lo que ya no puede fabricar clínker (el componente principal del cemento y cuya fabricación produce grandes cantidades de CO2) y solamente se dedica a la molienda del clínker fabricado en otras instalaciones. La fábrica de Lorca cesó también su producción de cemento.

El sector del cemento obtuvo de la Administración en noviembre de 2013 una media de 21,9 millones de derechos de emisión gratuitos anuales en el periodo 2013-2020, cuando las emisiones en 2012, último año del que se tienen datos, fueron de 11,5 millones de toneladas de CO2. En el periodo 2008-2012 los derechos de emisión superaron a las emisiones en 56 millones de toneladas, lo que supuso unas ganancias para el sector cementero de alrededor de 400 millones de euros. Este sector está introduciendo desde hace años multitud de residuos como combustible y como materia prima que en la contabilidad oficial “reducen” las emisiones de CO2 (es el caso de la biomasa, lodos de depuradora y de la fracción biogénica de los residuos urbanos-CDR), con lo que los excedentes son aun mayores. La incineración de residuos supone la emisión añadida de otros contaminantes y tóxicos persistentes que degradan la calidad del aire y ponen en riesgo la salud humana.

La producción de cemento ha disminuido desde el año 2007 (máximo en la producción) en un 50% aproximadamente. Ese excedente de derechos obtenido es vendido por el sector cementero en el mercado internacional del carbono, obteniendo pingües beneficios. Además la mayoría de cementeras participan en proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio en terceros países (Protocolo de Kioto), promoviendo la incineración en cementeras de China, por ejemplo, con lo que obtienen más derechos de emisión (10 millones de derechos en 2010-2012, los llamados créditos internacionales).

Sin embargo el Estado español tuvo que invertir 700 millones de euros en 2008-2012, y 40 millones en 2013 para poder cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto, debido al exceso de emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español respecto a lo acordado por la Unión Europea en ese Protocolo. Es evidente, pues, la transferencia de dinero del sector público al bolsillo de unas pocas empresas con el consentimiento de los políticos e instituciones.

La Resolución de 28 de febrero del SEMA, recurrida ahora, ajustó a la baja ese exceso de derechos concedido en noviembre de 2013, pero en opinión de los grupos de la Coordinadora Estatal de Plataformas contra la incineración de residuos en cementeras, ese ajuste no es suficiente, pues si la reducción en la fabricación de clínker fue del 50%, los derechos de emisión deberían haberse reducido en esa misma cantidad y ese ajuste debería haber afectado a la totalidad de las fábricas de cemento con actividad (33 instalaciones), excluyendo a las clausuradas, y no solamente a siete de ellas.

*La Coordinadora está integrada entre otros por: A.VV. Morata de Tajuña, A.VV. Can Sant Joan de Montcada i Reixac (Barcelona), A.VV. de Pallejà (Barcelona), Plataforma 3 Mugak Batera de Olazti-Alsasua (Nafarroa), Bierzo Aire Limpio, Córdoba Aire Limpio, Sant Feliu Aire Net (Sant Feliu del Llobregat, Barcelona), Toledo Aire Limpio, Moviment contra la incineració a Uniland (Sitges i Santa Margarida i els Monjos, Barcelona), Plataforma contra la contaminación de Almendralejo (Badajoz), Lemoa Garbi (Lemoa, Bizcaia), Asuntze (Plataforma de Arrigorriaga, Bizcaia), Plataforma de Alcalá de Guadaira (Sevilla), GAIA (Alianza Global contra la Incineración), GOB (Grup Ornitològic Balear), Ecologistas en Acción del País Valenciano y Confederación de Ecologistas en Acción.