Las asociaciones vecinales y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) llevan meses convocando movilizaciones y actos informativos denunciando las consecuencias de la privatización de la sanidad pública que el Gobierno regional está perpetrando contra el interés general de la ciudadanía. La eliminación de la Dirección General de Salud Pública, el desmantelamiento de los hospitales públicos, la firma de un pacto secreto entre la consejería de Sanidad y la multinacional Capio que sienta las bases de la privatización de los centros de especialidades, el acuerdo entre el Gobierno de Madrid y Rouco Varela para que el Servicio de Asistencia Religiosa Católica forme parte del comité de ética y del comité interdisciplinar de cuidados paliativos de los hospitales públicos de la Comunidad y las consecuencias de la escasez de medios humanos y materiales en los centros de salud de nuestros barrios no hacen sino confirmar los verdaderos intereses del Gobierno de Esperanza Aguirre: consumar el desprestigio de un servicio público para privatizarlo.
La construcción de los hospitales “dotados de las más modernas tecnologías e instalaciones” no ha conseguido maquillar la cruda realidad. Los nuevos hospitales son construidos bajo la fórmula de la Iniciativa de Financiación Privada, una fórmula que multiplica por cuatro los costes de construcción de los hospitales, que deja en manos de empresas privadas los beneficios de la explotación de los centros y carga a las arcas públicas las pérdidas. La “rentabilidad” de este modelo ha hecho que en 2007 las madrileñas y madrileños pagáramos de nuestros bolsillos cerca de 70 millones de euros a las empresas adjudicatarias por servicios no prestados, puesto que los hospitales no se habían inaugurado todavía.
La generosidad del Gobierno regional con estas empresas privadas contrasta con la “austeridad” presupuestaria destinada a la AP (Madrid es la penúltima Comunidad Autónoma en inversión per cápita en este capítulo), lo que se refleja en el creciente deterioro de las condiciones laborales de los profesionales y de la asistencia sanitaria que recibe la ciudadanía. En la actualidad, los médicos de Madrid tienen una media de 1.708 cartillas frente a las 1.461 de media nacional, de manera que un 89,7% de los facultativos de nuestra región atiende por encima de lo recomendado por la LGS. Ello se traduce en unas listas de espera de hasta una semana para una primera cita con el médico de cabecera y de hasta doce meses para una cita con el especialista, en particular para el servicio de oftalmología. La presión asistencial impide a los médicos dedicar un mínimo de diez minutos por paciente, lo que puede derivar en diagnósticos equivocados.
Además de falta de personal, los centros de salud de nuestros barrios adolecen de una insuficiente oferta de servicios que señalan una escasa capacidad de resolución de la AP, lo que favorece las derivaciones hacia la Atención Especializada de problemas que podrían solucionarse en el primer escalafón asistencial.
En los hospitales la situación no mejora. El 50% por ciento de los usuarios de los hospitales públicos de Madrid esperan entre una y tres horas y un 8% más de tres para hacerse pruebas para las que ya tienen cita previa. La realidad de los nuevos hospitales no invita al optimismo. Todos recordamos las esperas de hasta seis horas con las que se inauguró el servicio de urgencias del hospital del Henares y lamentamos el empeño del Gobierno regional en paralizar la contratación de nuevo personal, lo que ha obligado a cubrir las plazas de los nuevos hospitales con médicos de otros centros. El truco de desvestir un santo (público) para vestir a otro (privado)
